El pleno aprobó ayer por la vía de urgencia la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria, que permitirá garantizar las continuidad del servicio de Ventanilla Única Empresarial-Punto de Atención al Emprendedor de Las Palmas de Gran Canaria. El visto bueno a este acuerdo permitirá al Ayuntamiento aportar a la Cámara de Comercio un total de 32.500 euros por los servicios de la ventanilla única realizados a lo largo de este año. Las otras dos administraciones aportarán una cantidad similar.

La firma del convenio fue aprobado por unanimidad, pero el Partido Popular (PP) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) criticaron la demora en la firma del convenio, cuyo expediente se inició en marzo pasado, según denunció el concejal popular Ángel Sabroso.

Mientras la portavoz de Unidos, Ángeles Batista, echó en falta una explicación de las razones del retraso, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, indicó que la aprobación de prisa y corriendo a final de año "pone de manifiesto que algo se ha hecho muy mal". Sabroso responsabilizó al concejal de Empleo y Turismo, Pedro Quevedo, "cuya irresponsabilidad con esta ciudad es manifiesta. Sería mejor que renunciara a su cargo de concejal y trabajara para la ciudad" desde el Congreso de los Diputados. Quevedo no pudo contestar a las críticas, ya que no asistió al pleno extraordinario por estar en Madrid. En su lugar, defendió la urgencia y la firma del convenio, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.

El responsable de Urbanismo justificó el retraso en la firma del convenio porque "en el -último momento detectamos que había una cláusula que no se había redactado de manera conveniente. Eso nos paralizó porque hubo que iniciar de nuevo el procedimiento, a la hora de pedir los informes correspondientes. De hecho, tanto el Gobierno como el Cabildo y la Cámara entendieron que había que corregir a instancia nuestra esa cláusula".

La modificación de la cláusula se debió, según fuentes del departamento de Empleo, a un cambio de la legislación, lo que obligó a adaptar los informes jurídicos, una circunstancia que "ralentizó todo el proceso".