Más de siete millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el 2018 se destinarán a cubrir las deudas por la concesión del campo de golf de La Minilla o cumplir una sentencia judicial en referencia a la Casa Ford, entre otras expropiaciones inmobiliarias que se hicieron en mandatos anteriores. El concepto "inversión en terrenos" es el segundo más abultado dentro de las cuentas del área de Urbanismo. Solo se ve superado por los casi 7,7 millones de euros que tendrán que pagar en concepto de "intereses de demora". En conjunto, ambos se llevan 15 millones de los poco más de 57 millones de euros con los que contará el área que dirige el concejal Javier Doreste en las cuentas del nuevo año.
"Son antiguas expropiaciones que el Ayuntamiento ha hecho y nos van cayendo las sentencias que tenemos que ir pagando", indicó Doreste. Tal y como señaló el edil, se trata de terrenos y operaciones que han ido pasando de corporación en corporación durante décadas, en algunos casos.
"El Ayuntamiento en su proceder recurría y al final se acumulaban intereses", subrayó Doreste. Desde que entró a gobernar el Tripartito en 2015 se han destinado 30 millones de euros a estas deudas pendientes. Entre otros lugares, Urbanismo ha sufragado en esta legislatura cuentas pendientes con las parcelas expropiadas para la plaza de la Música, en tiempos del exalcalde José Manuel Soria; terrenos en el vertedero del Salto del Negro; y hasta zonas de la Avenida Marítima que se requisaron a principios de los noventa.
Ya en los primeros presupuestos que realizó el ejecutivo de Augusto Hidalgo se reservaron 14,5 millones para esta partida. En las cuentas del año pasado, la cuantía de este apartado se vio prácticamente inalterada y se destinaron otros 15 millones de euros. "Después del esfuerzo que hemos hecho ha ido disminuyendo el montante que teníamos pendiente y por eso ahora destinaremos menos a esa partida", matizó Doreste. No obstante, aclaró que "seguramente quede algo".
Muchas de estas deudas provienen de operaciones en las que los propietarios no aceptan la tasación municipal. "Entonces, las dos partes acuden a la Comisión de Valoración Canaria, que fija un precio, a veces el Ayuntamiento no acepta un precio, y muchas veces el propietario, entonces recurre uno u otro", explicó ayer Doreste. En caso de recurrir el Consistorio, estos tendrían que pagar intereses. "Todos los partidos han recurrido, pero nosotros entendemos que eso se hace si podemos ganar, si no mejor ahorrarse los intereses", continuó. "Recurrir es ventajoso para quien está gobernando, no para quien venga después", resaltó.
Este capítulo dentro de las inversiones reales del Ayuntamiento supera a partidas tan reseñables como las obras de la MetroGuagua. El nuevo sistema de transporte público se llevará 4,4 millones de euros. También sobrepasa a los más de cinco millones y medio que se destinarán a reponer las viviendas sociales de Tamaraceite.
