El Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre temporal de la residencia de mayores Las Rosas, en Ciudad Jardín, por lo que se considera "una infracción muy grave" de las normas que regulan la atención a los ancianos, en referencia a una serie de desperfectos e incumplimientos arquitectónicos y de mantenimiento, que, en algunos casos, y según el expediente, suponen un "riesgo contra la integridad física" de los internos. Impone además una multa de 60.101,21 euros a la propiedad hasta que queden subsanados fallos como un espejo mal sujeto en un baño, una barandilla oxidada y con puntos de apoyo inestables, deterioros estructurales en vigas que pueden provocar caída de cascotes en la primera planta, pulsadores de emergencia en algunas habitaciones que no funcionan o una instalación de gas caducada. El propietario del establecimiento, Juan Manuel Rosales, asegura que todos estos desperfectos están completamente reparados y ha recurrido la resolución, que está en periodo de alegaciones.
El Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda realizó una visita al centro el 31 de mayo de 2017 en la que detectó una serie de incumplimientos y requirió a la propiedad una documentación que fue presentada el 6 de junio y el 6 de julio de 2017. A partir de ahí, el Servicio emitió dos informes en los que se indica que "gran parte de las deficiencias relativas a seguridad, accesibilidad y salubridad existen desde el año 2014 [...] sin que el estado general del centro apenas haya variado". Rosales asegura que estos desperfectos, "sobre todo en los baños", se han ido subsanando y que "jamás" pondría en peligro a los internos, ya que para él y sus empleados son "como de la familia".
Aunque en un primer momento se llegó a recomendar el cierre definitivo de la residencia, tras las alegaciones de los propietarios se rebajó la medida a la clausura temporal. Los dueños demostraron que cumplen con la ratio de internos (29) y de número de trabajadores (17); que por esa cantidad de ancianos no es necesaria la existencia de un baño geriátrico; que el pulsador de emergencia de una de las habitaciones existe, aunque está oculto detrás de una puerta y por eso no lo vio el inspector; que se han reparado las vigas de la planta baja; y que las instalaciones cuentan con las necesarias medidas de prevención de incendios.
Sin embargo, el informe, que fue notificado el pasado lunes, enumera hasta un total de 26 incumplimientos, de los que cinco, como se ha dicho, supondrían un riesgo para los mayores. Así, los funcionarios consideran que la residencia no cuenta con el mínimo de gerocultores o cuidadores cualificados, ni de titulados universitarios como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o psicólogo para los servicios de prevención de la dependencia y la promoción de autonomía, ni la atención social. Rosales señala que la enfermera, titulada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ocupa de los internos, que dependen de sus médicos de cabecera en Alcaravaneras y que están debidamente cuidados y atendidos. "La mejor demostración del servicio que les prestamos es que abrimos en el año 90 y siempre tenemos cubiertas el 100% de las plazas. Nadie deja a sus padres o abuelos en un lugar donde no se les trata debidamente", argumenta.
La residencia estaba ubicada en un principio en Ciudad Alta y en 2005 se mudó a un chalé en Ciudad Jardín. "Hemos ido adaptándonos a la normativa constantemente, y así seguiremos haciéndolo", asegura el propietario.
Otros de los incumplimientos son la inexistencia de una sala de rehabilitación, de aseos comunes accesibles, de vestuarios y aseos para el personal diferenciados por sexo, o de un cuarto de sucio y vertedero. Además, la sala de estar, el comedor y la sala polivalente no cuentan con la superficie mínima. El informe detalla que hay aseos en los dormitorios y duchas que no son accesibles, puesto que no cuentan con asideros y espacio adecuado. Más concretamente, señala que las puertas de dos aseos no son correderas y otro de los baños "ventila al dormitorio". Además, no existe itinerario accesible hasta la planta del semisótano y el ascensor no cumple con las medidas exigibles. Tampoco es accesible el despacho de atención polivalente. Habla también del insuficiente ancho del pasillo de acceso a uno de los dormitorios; o del mobiliario del comedor, la sala de estar y los dormitorios, que no es "adecuado o suficiente" y se encuentra deteriorado en algunos casos. Según los inspectores, hay cuartos donde no hay persianas que eviten la entrada de luz, cuestión que desmiente el abogado de Rosales, Pedro Hernández, que asegura que se han instalado en todos los dormitorios.
De entre los desperfectos, los que supondrían riesgo para los internos son el espejo, que Rosales asegura que ya se ha colocado convenientemente; la baranda exterior, -también reparada según el dueño-; la rotura de los pulsadores de emergencia de la planta baja; la instalación de gas que estuvo caducada, pero ya se ha adaptado a los plazos y normas; y el deterioro estructural de las vigas (ya subsanado), así como la pintura de la carpintería exterior, que está deteriorada, y el mantenimiento general, que se califica como "deficiente" y deja detalles como azulejos desprendidos, tablas del suelo levantadas y losetas del patio fisuradas.
El abogado de la propiedad señala que después de llevar a cabo todas las reparaciones no ha ido ningún inspector al centro. Ahora, en el plazo del mes estipulado, presentará un recurso de reposición con documentación que supuestamente acredita que gran parte de los arreglos requeridos se han llevado a cabo, sobre todo los que representan un riesgo. Si no prospera esta acción, anuncia que acudirá a la vía judicial y presentará una demanda en el Contencioso-Administrativo.
