Los cuatro hermanos acusados de confabularse con un neuropsiquiatra para exagerar sus enfermedades mentales y cobrar una pensión de la Seguridad Social negaron ayer que fingieran sus síntomas ante el tribunal médico examinador.

Las defensas de los cinco acusados negociaban con la Fiscalía penas de 15 meses de cárcel a cambio de reconocer los hechos y abonar la responsabilidad civil, esto es, las cantidades cobradas de manera indebida por las incapacidades declaradas por la Seguridad Social y por una de las aseguradoras. La falta de garantías para cumplir esta exigencia frustró el acuerdo final, motivo por el que ayer se celebró la primera sesión del juicio, explican fuentes judiciales.

Los hermanos Eliria A. J., Eugenio A. J., Claudina A. J. y Rosa María A. J. rechazaron que simularan sus padecimientos y el médico Ranulfo León defendió la profesionalidad de sus informes médicos.

El fiscal, en cambio, recordó al acusado que arrastra una condena por delito leve de falsedad, en concreto por expedir certificados médicos que luego usaba el empresario José Miguel Suárez Gil para retrasar sus juicios. León desvinculó su trabajo en clínica Canasalud con esos hechos, los cuales están relacionados con una querella presentada por la expareja de Suárez Gil.

El fiscal trata de probar que el médico carece de la homologación del título de neuropsiquiatra. En sus informes, como patrón común, atribuía a los cuatro hermanos un trastorno depresivo mayor, con peculiaridades psiquiátricas como la psicosis, la epilepsia o el trastorno bipolar, las cuales eran luego exageradas ante los médicos del tribunal, bien mediante la sobreactuación o con la ingesta de fármacos.

Los médicos de la Seguridad Social, que posiblemente declararán mañana durante la segunda sesión del juicio, son claves para la acusación pública, que reclama penas de hasta tres años de cárcel, multas y la devolución de las pensiones que han sido cobradas de manera indebida.

Las defensas han planteado la nulidad de las actuaciones y la prescripción de algunos de los delitos, cuestiones que serán analizadas y resueltas en la sentencia.