Dos inspectores desvelaron ayer las triquiñuelas para cobrar una pensión de la Seguridad Social por no poder trabajar debido una enfermedad. "Nos llegan muchos informes médicos a la carta para obtener la incapacidad y eso no nos gusta", declaró Antonio Pérez Sánchez, médico que examinó a dos de los cuatros acusados de confabularse entre 2008 y 2009 con un "neurosiquiatra" con esos fines.
Pérez, ya jubilado, se encargó de revisar las incapacidades de dos acusadas (todos menos el médico son hermanos). Asegura que una estaba "dormida muy profundo", pero "de pronto se despertó" y empezó a dar manotazos. "Me tiró todo de la mesa y luego se volvió a dormir. Nunca vi un cuadro catatónico como ese", añade el médico en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial.
El testigo sostiene que el diagnóstico de depresión mayor del médico privado no se correspondía con la supuesta catatonia. Es más. El dictamen no era concluyente, sino confuso, las aseveraciones no tenían nada que ver con el diagnóstico y no había coherencia.
Pérez tuvo que citar a la paciente dos veces porque vino a la revisión en silla de ruedas, "dormida" y con una hija. Le dijo que dejara de tomarse los medicamentos porque así no la podía valorar, pero a la siguiente cita volvió dormida, con el añadido de los movimientos espasmódicos. "Era extraño, no lo habíamos visto nunca", afirma el antiguo inspector.
El testigo, por los años transcurridos, no recordaba haber explorado a la hermana, pero en el expediente dejó constancia de que sus síntomas tampoco encajaban con la depresión, con "mutismo, movimientos incontrolados" y la elaboración de "bolas de papel".
"Ha salido la verdad. Los informes privados no siempre se corresponden con la realidad", agrega la responsable actual de la unidad médica, María del Carmen Romero. Las defensas alegan que las depresiones eran reales y que fue la Seguridad Social la que diagnosticó el "trastorno de conversión".
