La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Emalsa demanda al Ayuntamiento por el arreglo de la planta de Tamaraceite

El juzgado admite a trámite la reclamación de la empresa mixta por el impago de más de 1,8 millones para el arranque y la corrección de las anomalías de la planta

Emalsa demanda al Ayuntamiento por el arreglo de la planta de Tamaraceite

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Las Palmas ha admitido a trámite una nueva demanda de Emalsa contra el Ayuntamiento de la capital grancanaria, en este caso por el impago a la empresa mixta de Aguas de los trabajos que realizó desde el verano de 2016 para arrancar la estación depuradora de aguas residuales de Tamaraceite y corregir las múltiples anomalías detectadas en las instalaciones, así como las obras necesarias para mejorar su funcionamiento. Emalsa reclama más de 1,8 millones al Ayuntamiento, una cantidad en la que se incluye 1,2 millones de euros por el coste anual de explotar la depuradora y 639.969 euros por el arreglo de los fallos y las mejoras, entre ellas, las actuaciones para reducir la contaminación acústica de la planta, que ha sido denunciada por los vecinos de Las Majadillas. El alcalde Augusto Hidalgo asumió la obra el 27 de enero de 2016, pese a la advertencia de los técnicos sobre la existencia de múltiples fallos y deficiencias de funcionamiento.

Según el informe remitido por Emalsa en marzo del pasado año a la Unidad Técnica de Aguas, el coste de arreglar todas las anomalías detectadas en las depuradora de Tenoya, Tamaraceite y el resto de instalaciones asociadas superaba en ese momento el millón de euros. Del total de esta cantidad, la compañía remitió antes de abril pasado una factura de 639.969 euros por las primeras actuaciones para corregir parte de las más de cien anomalías. Además de esa primera factura, la compañía ha reclamado al Ayuntamiento 1,2 millones anuales por gestionar la planta, ya que según Emalsa, dicho coste no está cubierto por la tasa de depuración.

En la nota remitida por la compañía al departamento que dirige el concejal de Aguas, Roberto Santana, se advierte además de que la Dirección General de Aguas, el organismo del Gobierno canario encargado de dirigir las obras de la depuradora, no está dispuesta a abonar anomalías por un importe de 129.399 euros, o al menos no las ha tenido en cuenta. También aclaran que no se contabilizan fallos, por un importe de 238.682 euros, que fueron detectados después del 6 de septiembre hasta la fecha, entre ellas los que provoca los ruidos. El edil Santana aseguró el pasado año que todas las anomalías, incluidas las acústicas, las tendría que asumir el Gobierno canario. Este periódico intentó hablar esta semana, sin éxito, con el edil.

La compañía justifica la interposición de la demanda por el "silencio" del Ayuntamiento ante las "reclamaciones económicas por los costes asociados a las actuaciones ejecutadas para la resolución de las incidencias y mejoras" con el fin de poner en marcha la planta, así como de los costes de explotación y arranque de la misma "desde el ejercicio 2016 hasta julio de 2017".

Esta demanda se añade a la interpuesta por Emalsa en noviembre pasado para reclamar el pago de otros 13 millones por el servicio de saneamiento. La Intervención general del Ayuntamiento paralizó el pago de las facturas del mantenimiento del alcantarillado, al considerar que no se podía aplicar la subida automática del IPC, porque el contrato de 1988 establecía que dicho incremento debería acordarse entre los socios privados y el Ayuntamiento a través de una fórmula polinómica, que no se ha fijado. Basándose en ese argumento, la Intervención paralizó el pago de facturas presentadas, algunas de las cuales se remontan a mayo de 2014, y eliminó la subida aplicada por Emalsa, al considerar que el Ayuntamiento sólo estaba obligado a pagar 9,4 millones. En lugar de cobrar esa cantidad, la compañía ha optado por reclamar ante el juez los 13 millones. Emalsa ganó en 2016 otra demanda parecida para exigir el pago de 6,6 millones por el servicio de saneamiento supuestamente prestado entre enero de 2013 y abril de 2014. La sentencia no fue recurrida por el Tripartito, que pagó el dinero e intentó además, amparándose en dicha resolución, abonar otros 7,8 millones, pero la Intervención bloqueó la operación.

Compartir el artículo

stats