Numerosos padres de alumnos del CEIP Aguadulce se han puesto en pie de guerra contra una casa okupa que tiene revolucionada a todo el barrio. Y es que según han denunciado, desde hace varios meses los moradores de esta vivienda, que se ubica en el número 6 de la calle Molino de Viento, han protagonizado varios episodios de violencia con cuchillos en plena vía pública donde también hacen sus necesidades fisiológicas y consumen drogas. Una situación que ha aumentado la sensación de inseguridad en el barrio donde vecinos y progenitores de escolares han recogido firmas para solicitar que el inmueble, que es propiedad de Bankia, sea desalojado y tapiado. Petición que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.
"Este es un problema particular, pero que refleja lo que está ocurriendo en Arenales", asevera una de las residentes de la zona que prefiere mantener el anonimato. Precisamente sus hijos son alumnos del centro educativo que se encuentra a tan solo unos 50 metros de distancia del citado edificio por cuya fachada tienen que pasar muchos de los menores. "Este es un recorrido habitual para muchos niños y obligatorio para todos los que acuden a las actividades extraescolares", explicó. Esto se debe a que una de las entradas del colegio da justo para Molino de Viento. "Y esta es además la que tienen utilizar los estudiantes de movilidad reducida, así como los que recogida temprana", apuntó la denunciante que, además, ha presenciado varios sucesos.
"La casa está ocupada por drogodependientes que no tienen ningún pudor en ponerse con las jeringuillas a pincharse en medio de la calle y el otro día una señora llegó contando que le había tenido que pedir a uno que no hiciera eso en una zona por donde pasan tantos niños. Además a ciertas horas también se ve movimiento de gente entrando y saliendo y debe ser que es porque hay también trapicheo dentro", relató. Y no solo eso, también cogen las garrafas de agua del contenedor de plástico que hay justo al lado del CEIP Aguadulce y "las utilizan para orinar y dejarlas en la puerta de los vecinos", aseguró Juan María Ortega, presidenta de la Asociación de Mujeres Maltratadas y Prostitutas de Las Palmas, quien cuenta que hace no hace mucho "hubo una pelea entre ellos en las que se amenazaron con cuchillos".
De ahí que pidan una mayor presencia de la Policía Local en la puerta del colegio que da para Molino de Viento, tanto en el horario de entrada como en el de salida de los menores, así como han recogido unas 500 rúbricas, según Ortega, que han presentado en Bankia con el objetivo de que tome medidas. "La casa está en venta en una inmobiliaria y se dice que no se puede visitar porque está ocupada y en el banco nos dijeron que ya tenían unas puertas de hierro para colocarlas, pero que mientras haya gente no pueden hacer nada, así que no las han puesto", arguyó Ortega.
Ella misma también comunicó la situación al Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, quien al no tener competencias sobre el asunto, ha remitido el caso al Defensor del Pueblo, según el escrito que ha recibido como respuesta la presidenta de la asociación. Los afectados también acudieron a la Delegación del Gobierno donde les atendió el subdelegado, Luis Molina. "Desde entonces hemos notado que viene más la Policía Nacional, que ha hecho algunas redadas, pero no se ha hecho nada más", contó la vecina que también participó en una de las Juntas de Distrito en la que expusieron la problemática ante el concejal, José Eduardo Ramírez.
En aquel encuentro el responsable municipal del barrio se comprometió a contactar con la entidad bancaria para conocer la situación de la casa, así como a incrementar la presencia de la Policía Local en la zona. Ambas cosas aseguró haberlas cumplido. "Bankia nos enseñó los documentos que acreditan que han iniciado el procedimiento de desahucio pero esto puede llevar mucho tiempo porque solo un juez puede desalojar a estas personas", explicó. En lo que al número de agentes se refiere, Ramírez comentó que "los Goia están yendo en diferentes días y horarios y los agentes del distrito también han incrementado las rondas". Una labor sobre la que le han remitido "un informe en el que aseguran no haber detectado delitos en la vía pública, aunque no descartan que se produzcan dentro de la vivienda y así se le ha trasladado a la Policía Nacional".
