La magistrada Victoria Rosell vuelve a estar entre las preocupaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha abierto un expediente a la juez por publicar en su cuenta de Twitter la foto de un atestado policial sobre el que tenía que resolver en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El promotor, tras recibir una queja ciudadana por la difusión de datos judiciales en la fotografía, abrió el mes pasado diligencias informativas para investigar los hechos, las cuales han sido transformadas ahora en expediente disciplinario, explican fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Conde aprecia indicios de una falta muy grave o grave que consiste en la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función judicial o con ocasión de ésta, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el capítulo que regula la responsabilidad disciplinaria de los jueces.
El artículo 417.12 de la LOPJ califica esta conducta como muy grave si la revelación "causa algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona", mientras que el artículo 418.8 rebaja la infracción a grave si no se produce tal quebranto. El promotor mantiene abierta ambas posibilidades en la incoación del expediente, que deberá concluir con una propuesta de sanción si finalmente se considera acreditada la indisciplina.
La LOPJ recoge que la revelación, para que sea considerada una falta, debe producirse por cauces ajenos al judicial. Rosell publicó en Twitter el 13 de abril la foto con la carátula del atestado de la Guardia Civil. Estaba tachado el nombre de un ciudadano denunciado por usar una pegatina de la ITV distinta a la de su vehículo, pero se aprecia la matrícula del coche y la identificación profesional del instructor de las diligencias, datos que no fueron borrados de manera eficiente.
El desliz fue advertido por varios tuiteros, pero la imagen de la carátula del atestado seguía ayer en la cuenta de Rosell. Colgó la foto en pleno escándalo por la supuesta falsificación del máster universitario de Cristina Cifuentes en Madrid, comunidad de la que la dirigente del PP se vio forzada a dimitir tras destaparse el escándalo.
La juez, además de la imagen, subió un comentario que no deja en buen lugar a los guardias civiles denunciantes ni a las autoridades con competencia en el caso Cifuentes, según se mire. "La igualdad ante la ley se te viene a la cabeza cuando has leído todas las noticias de @eldiarioes sobre la URJC y la "(re)construcción de actas"; y recibes un atestado por 'delito de falsedad en documento oficial' por una pegatina de la ITV", escribe Rosell en Twitter, una red social en la que tiene casi 34.000 seguidores y más de 7.400 comentarios publicados hasta la fecha.
No es la primera vez que llevan a la exdiputada de Podemos ante el CGPJ por su actividad tuitera. El magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, que se enfrenta a diez años de cárcel por conspirar supuestamente contra Rosell para perjudicarla, la denunció el pasado enero por un comentario que cuestionaba su imparcialidad en la víspera del caso Faycán, donde siguen pendiente de sentencia dos cargos del PP en Telde.
La queja de Alba fue archivada, igual que otras tantas presentadas contra Rosell, dos de ellas incluso promovidas por la Fiscalía. Sólo una denuncia interpuesta por un abogado acabó en propuesta de sanción, en este caso por instruir una causa en la que estaba recusada, aunque finalmente la Comisión Permanente decidió por cinco votos a dos no suspenderla durante un mes.
Al margen de las rencillas o venganzas que esconden algunas de esas quejas, Rosell suele usar la red social para escarbar en la actualidad sin renunciar a la polémica, tanto que a principios de mes tuvo que borrar un tuit en el que señalaba a un alto cargo nacionalista tinerfeño como el hombre que abusó de otra compañera de CC.
