El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón será juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo tal y como ha resuelto el magistrado Luciano Varela quien además esperará a que la decisión sea firme, dado que Garzón podría presentar un recurso, para hacerla llegar al Consejo General del Poder Judicial. La posible suspensión del magistrado afectaría a causas como el 'Faisán', la investigación sobre la financiación de ETA a través de las "herrikos", el 'caso Forum' y las torturas en Guantánamo.
Varela dictó su resolución este miércoles después de que el pasado día 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recursos que interpusó Garzón contra el acto dictado el pasado mes de febrero. En él, el magistrado incluía valoraciones de calado contra el juez, como la que señala que el examen de las actuaciones había revelado "como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".
La resolución que ve la luz este miércoles supone el fin de la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central número 5. Las otras dos causas investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión.
Ahora, el Consejo Genaeral del Poder Judicial (CGPJ) espera la notificación de Varela para poder tratar la posible suspensión cautelar del magistrado, tal y como informaron fuentes de éste órgano. La decisión podría apartar a Garzón del titualr del Juzgado Central de Instrucción número 5, al menos mientras se sustancian las tres causas contra él. No obstante, esta posibilidad debería ser acordada por los vocales de la Comisión Permanente de la institución.
Esta probable suspensión cautelar de Garzón podría afectar al desarrollo de las numerosas causas que el juez tramita, entre las que se encuentran las abiertas al entorno de ETA como los casos 'Bateragune', la investigación penal al PCTV y ANV, o el entramado de extorsión de la banda. Además, el juez investiga el denominado caso 'Faisán' o del 'chivatazo' a los responsables de la citada extorsión, la financiación de ETA a través de las "herrikos", a la mafia rusa radicada en España, una red de corrupción en Cataluña -'Caso Pretoria' - y otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo.
Caamaño recuerda que la decisión es del CGPJ
Tras conocer esta información, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no quiso opinar y se limitó a recordar que es al CGPJ a quien corresponde tomar la decisión de suspender o no de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional. De este modo, tras la presentación de las conclusiones de la Comisión de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Caamaño aseguró creer en la "presunción de inocencia" de todos las personas encausadas.
"Es una decisión del Consejo y a ellos les corresponde decidir una vez vean cuál es la incidencia que tiene este asunto y cuál es su repercusión. Y, en función de ello, deberán aplicar las leyes que sí establecen sustancialmente en qué casos se debe proceder a la suspensión", recalcó el ministro de Justicia.
Por su parte, el diputado del PP Carlos Floriano afirmó que el hecho de que Garzón se siente en el banquillo significa que "la Ley alcanza a todos y todos nos debemos a la Ley". Fue durante una entrevista en TVE cuando Floriano conoció la noticia.
También las asociaciones de jueces han tratado el tema. Los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) coincidieron en señalar que el último paso dado por el magistrado del Supremo significa, "sin lugar a dudas", que el alto tribunal considera que hay indicios suficientes para "proceder" contra Garzón, con lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a apartarle de sus funciones.
