Humo blanco para la Justicia española. Desde que la pasada semana la Casa Real aceptara posponer el acto de la apertura del año judicial hasta el próximo día 29 de septiembre, todos los estamentos judiciales tenían claro que la lista de los veinte elegidos para conformar el próximo Consejo General del Poder Judicial era cuestión de días. Ayer, los nombres saltaron a la prensa con una expectación que se convirtió en desidia poco tiempo después, pues la Justicia seguirá estando politizada.
Una vez conocidos los nombres de los veinte vocales que tendrán en sus manos el órgano de gobierno de los jueces, las sensaciones no han cambiado. Y es que, tras dos años de interinididad del CGPJ por las disputas entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) acerca de la renovación, se esperaba algo distinto, algo que permitiera a la ciudadanía albergar esperanzas de que justicia y política no van de la mano en este país. No ha sido así, y los nuevos vocales han sido seleccionados con un acentuado carácter político, lo que llevó al periódico El País a titular ayer en su edición digital PSOE y PP pactan un nuevo gobierno de los jueces con varios miembros muy vinculados a ambos partidos.
Conviene hacer algunos apuntes a la lista hecha pública ayer por socialistas y populares. Para empezar, Canarias se vuelve a quedar sin un representante digno dentro del CGPJ que se encargue de defender las peculiaridades de este territorio archipielágico que ocupa el vagón de cola en cuando a medios, humanos y materiales, para poder atender las necesidades judiciales de tierras tan singulares. El candidato mejor colocado para ocupar esa plaza, el magistrado Emilio Moya, no pudo entrar finalmente en la lista de los veinte a pesar de los esfuerzos que, según aseguran, hizo el PP canario, en el que Moya ya ocupó un cargo político dentro del Gobierno de Canarias.
La lista de nuevos vocales lleva, eso sí, a siete mujeres a la cúspide de la Justicia, algo inédito en los cinco consejos anteriores, algunas de ellas muy conocidas, como la juez Gemma Gallego, instructora del tan politizado caso del ácido bórico.
Como curiosidad, todos los candidatos están afiliados, a pesar de que el 50 % de la carrera judicial es independiente.
