Políticos y empresarios acogieron este viernes en Canarias como una decisión adecuada y consecuente con la debilidad que padece su Gobierno el anuncio del presidente Rodríguez Zapatero de anticipar al 20 de noviembre próximo la convocatoria de elecciones generales. Se trata de una convocatoria demandada hasta la exasperación por el PP que se desencadena justo cuando las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas insinúan un leve repunte de las expectativas socialistas alrededor del competidor directo de Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en medio de los movimientos sísmicos que sacuden sin descanso los mercados por la desconfianza sobre la economía española, la solvencia de las administraciones públicas y en último extremo un Ejecutivo en situación de K.O. técnico desde los últimos comicios municipales y autonómicos.

En Canarias, la convocatoria de elecciones anticipadas adquiere una relevancia política singular por la proximidad de la formación del nuevo Gobierno autonómico, que registra el significativo regreso del Partido Socialista, 18 años después de haber sido desalojado por Coalición Canaria, el mismo socio político que hoy lo ha rehabilitado en el poder regional. Una alianza tan reciente, que el anuncio de Zapatero encontró al Ejecutivo canario todavía incompleto y se ejecutó el mismo día en que Paulino Rivero y sus consejeros realizaban la tercera tanda de nombramiento de cargos intermedios autonómicos. La naturaleza de la alianza y su capacidad para la interlocución futura con el Gobierno que salga el 20-N de las urnas es lo que da al adelanto electoral una singularidad política especial en Canarias, coincidiendo además como lo hace con los primeros brotes verdes que manifiesta la economía canaria en torno a su principal pulmón, el turismo.

En ese contexto, Paulino Rivero ya pareció lanzar el viernes un aviso a navegantes cuando aventuró, ante la hipótesis de que sea el PP de Rajoy el que concite el apoyo mayoritario de los ciudadanos, que ningún Ejecutivo puede pretender desde La Moncloa avasallar a Gobierno autonómico alguno, por mucho que pueda disgustarle su composición. Lo cual es un modo versallesco de decir que ni CC ni Rivero están por la labor de dejar que Madrid imponga alianzas políticas por la vía del atornillamiento presupuestario.

Con todo, la cuestión nuclear que el 20-N plantea para Canarias no es el combate más o menos retórico sobre el límite de la dignidad de los políticos para admitir o no presiones. Sino la estabilidad institucional mínima que exige la delicada situación de la economía canaria y su pavoroso registro de 331.800 parados según la Encuesta de Población Activa. Las convulsiones que registró el propio Gobierno canario hace más de un año y que culminaron en la autoexclusión del PP de José Manuel Soria generaron, a su vez por la proximidad de los comicios autonómicos, un año perdido en términos de eficacia y gestión, tanto en el Gobierno como, por derivación, en otras muchas instituciones cuyos titulares estaban mucho más pendientes de su porvenir electoral inmediato que de las circunstancias que atenazan la economía de Canarias y a sus ciudadanos. Pero ahora, cuando el turismo inicia la remontada, es tiempo de trabajar, trabajar y trabajar, y en modo alguno de enredarse en los celajes del cortoplacismo político. El 20-N es la oportunidad de los electores para decidir en qué manos prefieren colocar el Gobierno de España y su propio futuro. Pero ningún gestor autonómico ni municipal puede tomarlo como excusa para perderse en el limbo de las conveniencias pre o poselectorales y menos aún para distraerse de lo esencial: sacar a Canarias del foso al que la condujo la crisis.