Territorio, democracia y bienestar

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FAUSTINO GARCÍA MÁRQUEZ Hace 120 años, un señor de barba y melena definió la sostenibilidad como la obligación que tiene cada generación de gestionar cuidadosamente la tierra para entregarla, mejorada, a la siguiente generación. Nosotros, aquí, estamos incumpliendo gravemente esta obligación. Estamos asistiendo al saqueo sistemático de un territorio particularmente hermoso y valioso, soporte de una biodiversidad única en todo el planeta y base de nuestra principal actividad económica, el turismo.

Este saqueo es consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible, basado en el crecimiento ilimitado y el ilimitado consumo de suelo, y conducido por el desgraciado matrimonio entre el turismo, buena gente, y la construcción, matrona insaciable. Y tenemos límites, porque vivimos demasiados en islas demasiado pequeñas y frágiles y aún tendrán que vivir más en ellas, en los próximos siglos, si les dejamos algo. Pero ellos, la parte más dura de nuestros empresarios y la parte más complaciente y cómplice de nuestros políticos, no quieren saber nada de límites. Ellos han conseguido que desde el año 2000 al 2010, la planta hotelera legal canaria haya crecido un 54%, con un incremento de 70.000 camas, en plena y dicen ellos que nefasta moratoria turística. Y hablamos de camas legales, a las que hay que sumar, según las estadísticas oficiales, más de un 30% de camas ilegales, como media, porcentaje que en islas como Lanzarote y El Hierro supera el 100%. Eso, a pesar de que en estos 10 años el número de turistas extranjeros descendió un 13,5% y se redujo la estancia hotelera media en un 12%. Eso, a pesar de que en los últimos 4 años, el gasto turístico en Canarias también ha bajado casi un 6%. Esto no es un modelo de desarrollo; es un auténtico disparate.

Pero este disparate está consumiendo nuestro territorio a una velocidad vertiginosa: en Lanzarote, Tenerife y La Gomera, se ha ocupado en 15 años más de la mitad del suelo que se había artificializado en los 500 años anteriores. Y en Fuerteventura, en esos mismos 15 años, se ha hormigonado y asfaltado casi el doble de suelo que en los 600 años anteriores.

Y parece que no es bastante. Aún faltan un montón de puertos, aeropuertos, autopistas, trenes y centros comerciales. No ha sido suficiente con un Catálogo de Especies Protegidas para proteger sus intereses en Granadilla; no ha bastado con meter un campo de golf y 600 plazas hoteleras en un Paisaje Protegido de La Palma; no ha alcanzado con una ley de medidas urgentes que ha abierto el suelo rústico de protección agraria a un amplio abanico de usos lucrativos ajenos a su finalidad, vital para nuestra subsistencia, o que permita la demolición de nuestro patrimonio rural con valor arquitectónico o etnográfico. Parece que es poco, y por eso el portavoz de economía del Partido Popular ha anunciado la intención de resucitar la Ley del Suelo de 1998, que declaraba urbanizable todo el territorio, mientras no se demostrara lo contrario.

De nada ha servido que la voracidad de los promotores y la codicia de los bancos haya provocado la creación y el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y haya llevado al paro y a la ruina a miles de familias. Con la excusa de la crisis y el desempleo que ellos mismos han contribuido a generar, aquí también han arreciado las presiones de organizaciones empresariales, de centros atlánticos de pensamiento estratégico y hasta de un futuro e imposible Diputado del Común, para que se desregularice, se desmonten y deroguen los obstáculos legales y públicos a la sacrosanta iniciativa inmobiliaria, para que se derriben normas de protección y utilización eficiente del territorio. Y ya ha empezado la tarea de los grupos políticos en el Gobierno regional, amenazando con una nueva y desafinada ley de armonización, anunciada estrella de una tenebrosa legislatura, y presentando en el Parlamento canario una proposición de ley para eliminar los límites de densidad máxima con los que la ley canaria defiende la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa proposición de ley de Coalición Canaria ha sido tomada en consideración con el apoyo socialista, hace tan sólo un mes.

Ante el persistente saqueo y la redoblada ofensiva, los ciudadanos tenemos que recuperar la iniciativa. No basta con que combatan los vecinos de Tres Palmas, de Guanarteme o de las Torres del Canódromo; tendremos que implicarnos en el cambio de un modelo ruinoso por un nuevo modelo de desarrollo territorial eficaz y eficiente, hermoso y compartido, austero y compacto, duradero y sostenible, tal como lo propugnan nuestras olvidadas y destrozadas leyes. Y eso es lo que pretende el Manifiesto por "más democracia y más bienestar", presentado el miércoles, en el Club La Provincia públicamente: implicarnos democráticamente con el futuro, con el bienestar de las generaciones venideras, las únicas y legítimas dueñas de la tierra.

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