Canarias es probablemente la campeona nacional en complejidad normativa sobre la ordenación del suelo y aunque ya existen estudios avanzados sobre levitación magnética en materia ferroviaria y aerogeneradores, mientras exista gravedad en la tierra, tendremos que situar nuestro negocio en ese mismo suelo.
Decía Pablo Neruda: ¿Cuál será la diferencia entre tener paciencia para nada y perder el tiempo? Para emprender un negocio o promover una idea en Canarias hace falta mucha paciencia, espaldas económicas muy potentes y una fe como la que propugnan algunas religiones, la esperanza confiada en la intervención divina. Si alguien se atreve a recorrer el tortuoso camino de solicitar los permisos y licencias administrativas para emprender un negocio, por muy lícito que sea, corre el riesgo de agarrarse un tremendo ataque de estrés.
El abandono de iniciativas debido al colapso de la administración pública canaria trae como consecuencias, la pérdida del impulso innovador, desincentivación de la inversión externa e interna y falta de alternativas de empleo.
La sociedad contemporánea, evoluciona rápidamente, es altamente competitiva y exige un dinamismo al que los poderes públicos deben adaptarse, llegar antes y mejor es hoy premisa fundamental en un mundo globalizado donde la innovación es un continuo esfuerzo por mejorar lo anterior y lo nuevo se convierte en anterior un segundo después de logrado.
La falta de racionalización de las normas que afectan a la ordenación del suelo y por tanto al desarrollo económico de nuestra Comunidad, su excesiva sectorialización y la utilización de un sistema jurídico administrativo en el que cada institución regula los usos del suelo de distinta forma, en su voraz empeño recaudador, han producido un sistema que resulta indescifrable no solo a los ciudadanos, sino también a las instituciones que deben aplicarlo.
Es necesario y urgente replantearse el sistema de planeamiento de Canarias, si queremos desatascar la inversión y ganarnos la confianza de los emprendedores, tenemos que ser capaces de diseñar un sistema de planeamiento que prime la eficacia administrativa, supere el principio de la "ventanilla única" e implante el de "una solicitud - una autorización" sin que ello suponga obligar a los ciudadanos a recorrer un laberinto a veces sin salida de informes y autorizaciones de varias instituciones y departamentos de la misma administración.
La financiación de las administraciones públicas canarias, a saber, los ayuntamientos, cabildos y la propia C.A., no puede seguir basándose en una mal entendida libertad para establecer impuestos y tasas que llevan siempre aparejada una nueva norma.
No podemos seguir insistiendo en el error de mantener tres administraciones con competencias en la gestión del suelo, más allá de los absurdos celos competenciales, el papel de la C.A. debe reconducirse al propósito coordinador, armonizador y equilibrador del desarrollo de las islas y todo ello con absoluto respeto a la autonomía de cabildos y ayuntamientos.
Los cabildos deben ordenar el suelo insular atendiendo a criterios generales, promoviendo la insularización de los servicios públicos, planificando las grandes infraestructuras, mediante un Plan Insular de Ordenación que clarifique el papel de cada administración, evitando suplantar a los ayuntamientos con informes previos y autorizaciones innecesarias, redundantes con las municipales, con ordenaciones pormenorizadas, propias de los Planes Generales de Ordenación Urbana municipales, generando así un laberinto administrativo e inseguridad jurídica.
La actividad económica quedó prácticamente paralizada en Gran Canaria, desde que se aprobó el actual Plan Insular de Ordenación. Lejos de dinamizar la economía, la ha mantenido en suspenso durante los últimos 7 años al no ser capaz el Cabildo de aprobar los más de 60 Planes Territoriales Especiales previstos en este documento y a cuya aprobación se supeditan las autorizaciones. No existe iniciativa que no guarde alguna relación con este hecho y lo peor es que las perspectivas no alumbran un final próximo.
El Plan Insular de Ordenación se encuentra, en la actualidad, en revisión para su adaptación a las directrices y a su vez la Comunidad autónoma está presta a aprobar una adaptación de la denominada Ley Medidas Urgentes, a su vez la práctica totalidad de los municipios se encuentran con sus planes generales de ordenación en redacción, revisión o simplemente anulados por la justicia.
Si la situación actual del planeamiento no es motivo de preocupación, ¡que venga Dios y lo vea!
Canarias se enfrenta a un proceso en el que la diversificación económica seguirá girando en torno al suelo, su consumo debe ser la excepción, reutilizar suelos turísticos obsoletos, permitir usos en determinados suelos rústicos que no alteren la posibilidad de volver a ser dedicados a la agricultura, regular lo que no se puede hacer en vez de lo que no se puede hacer, son algunas de las cuestiones que en el inmediato futuro tendremos que valorar.
