El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reunirá el próximo martes con un grupo de empresarios grancanarios a quienes une un denominador común: la frustración e impotencia ante el estancamiento al que se encamina la economía de la isla, lastrada por el impacto de la recesión, un modelo de intervencionismo institucional que ha quedado obsoleto a la luz de la crisis que atenaza hoy a Europa y la parsimonia de municipios, cabildos y Gobierno incapaces no ya de buscar herramientas para estimular la economía, sino hasta de hacer los deberes que ellas mismas o los partidos que las gobiernan se han marcado al legislar en el Parlamento sobre urbanismo, planeamiento y control del territorio. Una combinación de factores que ahoga a los empresarios más dispuestos y les disuaden del objetivo de invertir. Ante esta asfixia inversora emerge la aparente voluntad, al menos, de escuchar las quejas y demandas como ha puesto de manifiesto la respuesta de Paulino Rivero al citar a los empresarios a una reunión. De ahí la expectación que la convocatoria ha generado, pues solo de su resultado podrá deducirse el rumbo que se marcará el Ejecutivo canario una vez que se ha evidenciado, esencialmente a través de las páginas de LA PROVINCIA/DLP, el malestar y la inquietud generalizados entre quienes, ante un escenario dominado por la crisis, tienen capacidad financiera y empresarial para proyectar y ejecutar inversiones, tirar de la actividad económica y favorecer una reducción de los dramáticos registros de desempleo que padece Canarias y singularmente su isla más poblada.

Gran Canaria espera mucho de este encuentro. Y no porque su futuro se apueste a una única carta ni quede ligado en exclusiva a los proyectos hoy varados de un grupo de empresarios sino por las pruebas de voluntad y compromiso que esté dispuesto a dar este Gobierno si realmente quiere demostrar que le interesa dinamizar la economía de una isla cuyo primer pulmón económico, la zona turística del Sur de Gran Canaria, vegeta desde hace ya demasiados años conviviendo con la saturación de una parte de su territorio, la decrépita obsolescencia de muchos equipamientos públicos y privados y amenazas medioambientales que, por si fuera poco el efecto de los errores humanos, también golpean sin remedio el patrimonio natural que son las playas, en especial Maspalomas. Es como si en San Bartolomé de Tirajana, en contraste con las joyas que atesora en su litoral, desde San Agustín a Meloneras, se hubiera parado el reloj. De hecho, así ha ocurrido. Cómo explicar si no la ligereza con que los gobernantes que se han sucedido en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana permitieron durante años la parálisis esclerotizante de su planeamiento urbanístico. O el fallido y frustrante experimento de un consorcio para la rehabilitación turística contaminado y lastrado sin remedio desde el primer minuto por celos y cegueras institucionales letales para el interés general.

Junto a esos factores han pesado además sobre Gran Canaria y las otras dos islas de la provincia oriental los condicionantes derivados de dos moratorias turísticas consecutivas que ahora, vistos los resultados de ambas y sobre todo el cambio radical de escenario económico durante los últimos tres años, exigen una revisión. Y no sólo porque así lo determine la propia normativa, dado que está a punto de vencer el plazo de tres años establecido en la segunda moratoria turística, sino por las múltiples evidencias que la realidad coloca sobre la mesa y que sugieren la conveniencia de reconsiderar y rediseñar modelos territoriales, herramientas legales y estrategias para la ordenación hotelera. De lo que se trata no es solo de proteger el territorio, pues sería impensable un liberalismo urbanístico salvaje que se lanzara a la depredación de suelos vírgenes, que solo garantiza el pan para hoy pero el hambre para mañana, sino también de sacudir de una vez la decrepitud que corroe muchos tramos de nuestras zonas turísticas, singularmente en Gran Canaria, y alentar una verdadera revolución rehabilitadora que oxigene el Sur con un triple objetivo: trabajar el segmento del lujo en alojamientos y equipamientos complementarios, asegurar estándares de alta calidad como única vía para mantener la competitividad y la ocupación y, de camino, estimular una actividad como la construcción ligada a esa remodelación profunda que sea capaz de tirar de contrataciones masivas.

Porque el tiempo se acaba, pero lo que no se detiene es el ritmo galopante de crecimiento del paro y con él, el fantasma de un deterioro progresivo del tejido social. Hay en el Gobierno quien sostiene que en tiempos de tribulaciones es mejor no hacer mudanzas y que las decisiones no han de tomarse bajo la presión acuciante del desempleo, y hay en Gran Canaria quienes todavía piensan que siquiera esbozar la palabra revisionismo en relación con la moratoria turística equivale directamente y sin anestesia a apostar por enladrillar toda esquina de barranco que permanezca sin edificar en nuestros sures. Un temor, éste, no del todo infundado, si nos atenemos al balance de estropicios que una voracidad descontrolada dejó como triste saldo en algunas zonas turísticas. Pero, entre el cero y el cien, entre el todo y la nada, una enorme y riquísima gama de matices permite proyectar el futuro sin perder de vista la historia y los errores pasados, pero tampoco el deseo de renacer y prosperar. Con humildad para aprender, pero con ambición para soñar y crecer. Sin desproteger el territorio que han de heredar los canarios del futuro, pero con una gestión ágil, rápida y eficiente en las antípodas de la hipertrofia administrativa que asfixia en trámites interminables de décadas proyectos de inversión que Gran Canaria necesita para seguir prosperando. Una responsabilidad que atañe al Gobierno y a su presidente. Pero también a los ayuntamientos y cabildos y al Parlamento, llamado dentro de unos meses a discutir la nueva ley de directrices de ordenación del territorio y el turismo, la mal llamada moratoria tres, que el Ejecutivo ya prepara. Porque sólo de un esfuerzo coordinado dependerá que Canarias, y singularmente Gran Canaria, pueda eludir todo riesgo de naufragio económico y social.