Los posibles yacimientos de petróleo que quiere explorar, y en su caso explotar, la multinacional Repsol están a un repiquete de las costas de sotavento de Lanzarote y Fuerteventura, dentro de las 12 millas. Esta circunstancia suscita lógicos temores en la población de estas dos islas, y en sus instituciones. Si la reacción ciudadana isleña en 2002 logró que la Armada española, y hasta la OTAN, incluido el Pentágono, variaran las maniobras navales para que los sonares no afectaran a los zifios, que entraban en fase de pánico cuando las frecuencias rebotaban en el fondo marino, y morían en manada al llegar a la superficie rompiendo el ciclo de la comprensión-descomprensión, puede preverse que en esta ocasión, al ser mayores los posibles daños, la reacción y, por lo tanto, las consecuencias, serán equivalentes a ese temor. Las predicaciones sobre el escaso riesgo comparado - los petroleros, se dice, son más peligrosos que una torre enganchada al subsuelo marino a 3.000 metros de profundidad- tienen el gran 'plus de desconfianza' del accidente en abril de 2010 de la plataforma de BP en el Golfo de México (cuya mancha se extendió por 1.500 kilómetros cuadrados en solo cinco días provocando graves daños en Luisiana y sur de EE UU, en nada inferiores sino al contrario a la catástrofe del Prestige en Galicia. Fue precisamente este accidente lo que ha movido a la Unión Europea a elaborar una directiva mucho más garantista que las normas anteriores, con lo que eso implica de mayores costes de inversión, en relación con el impacto ambiental y las medidas de seguridad y reacción ante cualquier accidente. Esa norma, aún en trámite, debe ser previa a cualquier autorización en cualquiera de los 27 de la UE. Es cierto que la crisis no solo aprieta sino que, además, ahoga; pero siempre hay más probabilidades de error con prisas que con prudencia. El principio de precaución, que está en la base normativa de la UE, aconseja amarrar los machos en un asunto cuyos efectos secundarios no son una simpleza ni una gratuita elucubración de una manada de indocumentados.
Para Canarias no es lo mismo que el petróleo esté a 200 metros de profundidad que a 3.000; ni que la localización esté a 100 millas que a solo 10 de unas economías turísticas que entrarían en quiebra si el piche llegara a las playas; y donde a su vez una marea negra paralizaría la producción de las desaladoras de agua de abasto.
La prórroga del insólito plazo "improrrogable" de diez días no marcará el fin del debate, porque este periodo no ha venido precedido de la necesaria información por parte de la Administración, que se suministra a cuentagotas y a remolque de las circunstancias.
Los partidos y sindicatos en Canarias no son monolíticos; aplicarles un patrón de conducta de la España peninsular es un error. El factor isla condiciona la región, no siempre para bien por el gen caciquil que encuentra un apropiado caldo de cultivo en el insularismo, como ha podido comprobarse en el transcurso de la autonomía. Pero ese componente está ahí, y no puede ser desconocido; y ahora el semáforo está en ámbar, diciendo, cuidado, peligro. Cruce con precaución. CC, suma inestable de organizaciones locales, no puede ignorar 'sin más' a sus huestes conejeras y majoreras; ni el PSOE, que no está para nuevos problemas internos, y que necesita unidad y visualizar un enemigo exterior cuanto antes para fortalecer sus propias filas. Por lo tanto, la mejor medicina es mucha tranquilidad, transparencia y negociación. Y en todo caso, repartir los beneficios para compensar los riesgos. Una solución a la noruega, con el Estado de bienestar como gran beneficiario de esa riqueza de titularidad estatal (400.000 millones de euros en una hucha presente en 10.000 compañías mundiales), sería más beneficiosa para el país que una a la americana, que a quien beneficie sea principalmente al capital privado partícipe de los oscuros mercados financieros y cuya obsesión sea la bolsa, y no la vida.
(tristan@epi.es)
