Una reciente sentencia del Tribunal Supremo considera discriminatorio que las grandes compañías eléctricas asuman la función social de ayuda a aquellas familias de escasos recursos económicos. La causa no es otra que la falta de motivación del Ministerio de Industria para imponer "tal sacrificio" a unas empresas que gestionan servicios públicos con enormes beneficios. Ahora, el Estado debe devolver más de 100 millones de euros anuales compensados indebidamente, por las onerosas compañías eléctricas, y asumir el coste del bono social para que esas multinacionales tengan mayor margen de beneficio a costa de una prestación esencial. Además, se procederá a un aumento de la factura eléctrica del 4,5% -las eléctricas precisan de mayor rentabilidad, pese a que en los tres últimos años esa factura se ha incrementado un 30%-. Sus beneficios alcanzan los 5.000 millones de euros anuales. Y por si fuera poco, se aprovechan del tipo de fijación de precios y de que todas las energías, incluidas las renovables, se cobran al coste de la energía producida por el carbón o el gas, las más caras. El resultado es un emporio privado levantado a costa de un servicio de primera necesidad para la población. Asistimos a la expoliación de bienes públicos que van a manos particulares con la complicidad del poder político. Éste mira hacia otro lado, promoviendo la privatización de empresas públicas rentables, de los servicios públicos y externalizaciones generalizadas. Con ello, provoca la precariedad y la pérdida de derechos en las prestaciones públicas fundamentales como la Educación (incremento de la privada concertada y congelación de inversiones y degradación de la pública), Sanidad (privatización de Hospitales Públicos y subcontratación de servicios (radiología, TAC, etc.), vigilancia forestal y del medio ambiente, atención a personas discapacitadas, a las personas mayores, víctimas de la violencia, emergencias sanitarias, el transporte y los servicios sociales y públicos en general. Con un sospechoso disimulo se intenta desprestigiar lo público con el único fin de obtener la privatización en todos los sectores, es decir, el reparto de más trozos del pastel, para una minoría voraz.