A nadie se le escapa que las cosas no van bien en la sanidad española. Desde hace varios años se viene diciendo que el sistema sanitario español está amenazado de desintegración. Los últimos 25 años han sido un periodo turbulento para los profesionales sanitarios españoles. Cambios bruscos en la vida política y social de nuestro país, la incorporación de nuevos avances diagnósticos y terapéuticos, y las modificaciones de la estructura y planificación de la red sanitaria nacional han producido problemas considerables de adaptación de los profesionales sanitarios ante una Administración que demanda más y más de ellos a cambio de nada. La exigencia moral de impartir cuidados sanitarios de calidad y la demanda de más y más servicios por parte de la comunidad y de los pacientes ha desembocado en un conflicto que enfrenta a los profesionales de la bata blanca con la Administración, que además se están dando cuenta que su profesión es algo más que seguir los dictámenes políticos del momento. De hecho, las autoridades sanitarias no han aceptado propuestas de grupos más o menos organizados de profesionales o asociaciones colegiales que persiguen la preservación del acceso universal de asistencia sanitaria mientras que al mismo tiempo pretenden proteger los intereses no solo de los profesionales sanitarios sino de la comunidad.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tiene un desarrollo económico similar al de nuestro país). De todo el gasto sanitario español en 2008, el 72% era público y el 28% era privado (el público era el porcentaje más bajo y el privado era el más alto de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública basados en la falsedad de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo, conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño es ya muy elevado. Tales recortes están afectando la calidad de la atención pública sanitaria y generando una mayor demanda por la sanidad privada. El gasto sanitario público per cápita es sólo el 79% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Lo que ocurre en realidad es que además de estar subfinanciada, la sanidad pública está gestionada de forma ineficiente. Llama poderosamente la atención que los profesionales sanitarios hayan sido acusados en numerosas ocasiones de ser los responsables de las deficiencias de nuestro sistema sanitario cuando en realidad los problemas están en el propio sistema.

La sanidad privada es mejor que la pública en algunos aspectos importantes para el paciente, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la sanidad pública es mejor que la privada por la concentración de profesionales sanitarios y por la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en los casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. La evidencia de que la calidad de la atención sanitaria pública es mayor que en las instituciones con afán de lucro es abrumadora. España tendría una mejor sanidad si tuviera los atributos de la privada manteniendo la calidad de la pública. La consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse.

La sanidad española es buena, aunque se exagera la valoración positiva que se hace de ella. No es cierto que sea una de las cinco mejores del mundo; en 2010 ocupaba el lugar quince. Sin embargo, es el servicio público mejor valorado en España. La generación de profesionales sanitarios que tienen hoy entre 45 y 70 años de edad ha construido un sistema nacional de salud que goza de un nivel de calidad que está por encima del resto de indicadores del país. Pero no es suficiente. Necesita de cambios profundos y de una gestión más eficiente. Uno de los problemas más agobiantes en nuestro sistema sanitario es el creciente número de pacientes crónicos o ancianos que están ocupando camas hospitalarias que fueron pensadas en un principio para el cuidado de pacientes agudos. Se calcula que entre el 20% y el 40% de las camas de los hospitales españoles están ocupados por pacientes crónicos. Esta constante ocupación de camas obliga a la cancelación de ingresos e intervenciones quirúrgicas programadas. Las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los recortes afectarán negativamente al bienestar de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Estaremos haciendo medicina del siglo XIX en el siglo XXI. Buen día y hasta luego.