La cultura de ser propietario de una vivienda en España, animada durante años por los sucesivos gobiernos de la Administración central, ha desbordado cualquier límite razonable. Somos el país de la UE con mayor número de propietarios -el 82% de la población tiene al menos una vivienda- y estamos muy por encima de naciones mucho más prósperas, como Alemania, Francia, RU o Escandinavia. Consecuentemente, ocupamos el poco honroso título de ser el país de la UE que ocupa el último lugar en el alquiler de viviendas sociales, solo el 3%.

Esta distorsión en el uso inmobiliario tiene sus consecuencias negativas en la economía de un país, entre otras, la menor capacidad de ahorro de las familias o la menor disponibilidad para el consumo, al ser superior el coste de la compra al coste del alquiler. El individuo, el nuevo propietario, se siente satisfecho cuando compra, porque ya tiene un "techo" para toda la vida -también lo tiene cuando alquila- o porque su "rango social" mejora, al tener algo, cuando antes no tenía nada, sin darse cuenta que está renunciando a "otras cosas mejores" para su futuro, como por ejemplo, adquirir un plan de pensiones o mejorar la formación de sus hijos.

Ha llegado la hora de que los políticos rompan con ese tabú. Hay que dejar de incentivar la compra de viviendas y animar descaradamente el mercado de alquileres, obviamente con generosas desgravaciones fiscales para los nuevos arrendatarios.

La oportunidad, en este momento, para este cambio de política económica, es espléndida. Hay docenas de miles de viviendas que no se venden. Hay docena de miles de ciudadanos, que necesitan vivienda, que no tienen dinero para comprarla, pero sí para pagar un alquiler razonable. El simple crecimiento vegetativo del país -casi cien mil habitantes anuales- provoca ya una buena demanda.

Puede ser una buena solución -no la única- para empezar, además, a ayudar a salir de la crisis actual. Es un proyecto absolutamente realizable.

Se trata de coordinar varias acciones simultáneas sobre las que el Gobierno tiene autoridad legal y moral para imponerlas, y que podrían ser, a grandes rasgos, las siguientes:

1.- A los efectos de esta nueva normativa, todas las viviendas que se han adjudicado los bancos y cajas en dación de pago por préstamos impagados, y que se destinen a este fin, serán calificadas de sociales. Se estiman en unas 300.000 viviendas, que pueden llegar a 600.000.

2.- Todas estas viviendas se sacarán obligatoriamente al mercado de alquileres.

3.- En los contratos se fijará el valor de cada vivienda, que será por el mismo que se las adjudicó el banco.

4.- Los alquileres serán autorizados por el Gobierno, y deberán ser equiparables a los que devengan las viviendas sociales promovidas por las administraciones públicas y si es posible, menor. Incluirán en su composición un interés por el valor de la vivienda, idéntico al establecido por la UE para el rescate de la banca española, los gastos de conservación mantenimiento de las viviendas, el impuesto municipal reducido de bienes inmuebles, y canon de amortización muy amplio, deducido la parte proporcional del solar, que no se amortiza, y que terminará siendo un beneficio extra para los Bancos y naturalmente, un derecho de compra para el inquilino, transcurrido un cierto tiempo, por el valor fijado en el contrato. ¡No deja de ser una paradoja, hablar ahora aquí de comprar!, pero hay que contar también con los sentimientos futuros de los inquilinos.

5.- Las viviendas sin terminar, deberán ser concluidas por los bancos y cajas, para que sean incorporadas inmediatamente al mercado de alquileres.

6.- Las licencias municipales para ejecutar estas obras y las células de habitabilidad, deberán ser gratuitas para este plan especial.

7.- Los alquileres de este proyecto, serán deducibles en su totalidad del IRPF.

Naturalmente, a los bancos no les hará ninguna gracia hacer de caseros, pero como expertos en la creación de empresas, ya crearán las adecuadas para que hagan este trabajo sucio.

Sin embargo, para la corrección de la distorsión inmobiliaria de la que hablábamos al principio -comprar o alquilar-, este proyecto es solo el comienzo de una corrección que durará años, pero que no se deberá aplazar más. De 17,1 millones de hogares que hay en España, 14,022 millones son propiedad de sus inquilinos, mientras que 3,078 millones conviven en otras formas de habitabilidad, entre ellas el alquiler, es decir el 18%, que nos coloca a la cola de Europa. Si son 300.000 las que se logran alquilar con este proyecto, pasaríamos al 19,4 % y si fueran 600.000, al 21,5, por lo que quedará todavía un largo camino por recorrer.

La demanda para esta clase viviendas, parece estar garantizada. Un trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias, fechado en Septiembre del 2008, la cifraba para toda España en 760.000 viviendas y han transcurrido cuatro años.

El efecto colateral de esta propuesta, puede ser un importante revulsivo para comenzar a salir de la crisis. La terminación de las viviendas inacabadas, animará el sector de la construcción. Es el sector económico que más puestos de trabajo puede crear a corto plazo. Según su Asociación de Empresarios, cada m2 que se construya, puede generar, directa o indirectamente, un jornal. A un promedio de 100 m2 por vivienda, 30 millones de jornales están esperando ser ocupados.

Los bancos rentabilizarán unos inmovilizados ahora inertes, al menos con la cuantía, que les cuesta el rescate. Los ayuntamientos cobraran un IBI, ahora inexistentes. Los servicios públicos de energía eléctrica, suministro de agua, recogida de basuras, porterías, transporte público, se animaran y un largo etc.

¿Habrá voluntad política para tratar de llevar cabo un proyecto así o muy similar? Como soy un eterno optimista, espero que sí.