En las últimas semanas se están poniendo en marcha medidas de las que han venido a denominarse de copago sanitario, el euro sanitario, y otros. Se incrementa la participación del ciudadano en el coste de los medicamentos, se habla de un pago por día de hospitalización, se propone que se paguen los medicamentos en función del nivel de renta, etc. etc.

En primer lugar, las medidas que se proponen demuestran una bajísima capacidad de trabajo y de innovación de los políticos en general, quienes, habitualmente, acuden a medidas facilonas y poco trabajadas y que inciden en la población de abajo arriba.

Parece cierto que un pequeño copago disminuye el mal uso y abuso de los servicios sanitarios. Eso, digo, parece cierto. Pero las medidas que se toman, o proponen, demuestran una incapacidad de políticos y administradores de evitar y perseguir el mal uso, el abuso e incluso las corruptelas existentes en la utilización de los servicios sanitarios públicos.

Finalmente, las medidas que intentan burdamente poner en marcha nuestros poco trabajadores y poco imaginativos gobernantes, en el fondo lo que tratan de hacer es introducir la teoría de la progresividad fiscal en el sistema de pago y uso de los servicios sanitarios.

El ejemplo máximo de imposición directa en España en el Impuesto de la Renta IRPF. Es admitido que en la imposición directa se apliquen tipos de impuesto progresivos, para generar la denominada justicia distributiva, y así conseguir que el que más gane pague proporcionalmente más que el que menos tiene. Así el que gana poco contribuye, por ejemplo con un 10 %, mientras que el que gane el doble pagará, por ejemplo el 20 %, con lo que el resultado sería que gana el doble y paga el cuádruple.

Este sistema de justicia distributiva no se aplica en la cotización a la Seguridad Social. No se produce tal progresividad sino que, al contrario, el sistema es regresivo y lesivo para las rentas bajas.

Ello se produce porque existe un tope en la base de cotización a la Seguridad Social establecido en 3.262,50 euros (por un error en hacer un paralelismo entre cotización y prestaciones, cuando la justicia distributiva obliga a romper dicho paralelismo). Quiere esto decir que todos aquellos trabajadores por cuenta ajena cuya retribución sea superior a dicha cifra, no cotizan por el exceso, con lo cual su porcentaje de cotización real empieza a ser más bajo cuanto más ganen por encima de aquella cifra. En resumen, regresividad clara.

En lugar de las peregrinas ideas que los políticos amenazan con poner en marcha, parece más progresista y más justo (Y sobre todo de muy fácil y sencilla implantación) que se elimine aquel tope de máxima cotización, y se cotice por la totalidad de las retribuciones.

Por ese lado se produciría un importante incremento de los ingresos del sistema de Seguridad Social.

A continuación, la administración está obligada a aplicar medidas de mejora de sus protocolos y de eficiencia, y control, de sus servicios para evitar el abuso, el mal uso y los despilfarros en la utilización de los servicios sanitarios públicos. No hay que reducir la calidad ni la cantidad de los servicios. Hay que hacer lo mismo de un modo más eficiente, en el fondo, de un modo menos caro. Todavía la ciudadanía cree que la gratuidad es real y se puede abusar.

A cambio, la clase política prima sus propios intereses ante el beneficio social. Nadie me podrá convencer de que por causa de las autonomías e intereses similares, las compras de medicamentos hospitalarios no estén concentradas en una sola central de compras a nivel estatal. Las empresas de la industria farmacéutica, y de otros suministros a la sanidad, son de una potencia y tamaño importantísimo. No cabe duda de que la única posibilidad de obtener una relación comercial ventajosa, o simplemente equilibrada, es tener el mismo poder y tamaño que la "otra parte contratante". Por ello hemos visto que el mismo producto o suministro ha sido comprado por diferentes organismos o centros hospitalarios de la sanidad pública a precios hasta 10 veces más caros en unos casos que en otros.

Si en este país hemos sido capaces de inventar, instalar, protocolizar y hacer funcionar de un modo totalmente eficiente, y admirado y copiado a nivel mundial, asuntos como el Servicio Nacional de Trasplantes, debemos ser capaces de mejorar la eficiencia del sistema sanitario sin necesidad de reducir o encarecer las prestaciones.

En definitiva, no se trata de reducir el estado del bienestar, sino de generarlo de un modo más eficiente y barato, ya que el precio actual del mismo es insostenible. Sólo después de agotar todas las vías de mejorar su eficiencia, y sólo después, llegaríamos a reducir prestaciones.

Sólo por intereses personales, de poder o de lucro, o directamente por incapacidad y falta de trabajo, puede entenderse que la clase dirigente prefiera acudir al proceso inverso.