El actual sistema de financiación autonómica se está resquebrajando ante las tensiones territoriales causadas por unas comunidades autónomas asfixiadas, incapaces de afrontar los pagos más inmediatos. Con una tarta menguada por la espectacular caída en la recaudación de impuestos y el principio de solidaridad en la redistribución de las rentas en quiebra va a ser muy difícil lograr una asignación equitativa. Una crisis del sistema que se vio esta misma semana, que se inició con la V Conferencia de Presidentes autonómicos en donde Paulino Rivero planteó un cambio de modelo en la financiación de las comunidades autónomas, diseñado en tiempos de bonanza e incapaz de dar respuesta a las nuevas demandas económicas de las regiones, y que acabó con el Gobierno canario pidiendo el viernes un rescate por 756 millones de euros. Canarias es la sexta comunidad que acude al denominado fondo de liquidez autonómica, tras Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, ante la falta de dinero para poder cumplir con el objetivo de déficit y garantizar la prestación de los servicios esenciales. Cuando el consejero de Economía, Javier González Ortiz, argumenta que las Islas no hubieran acudido al fondo de liquidez si la comunidad hubiese recibido los 812 millones anuales de más que les corresponden para equiparse a la media de la financiación que destina el Estado al conjunto de las regiones españolas lo que expone es verdad, pero no es toda la verdad. González Ortiz olvida que también alguna responsabilidad tendrá el Gobierno canario en la gestión de esta crisis. Echar la culpa de todo a los otros o a un modelo de financiación que, está claro, no funciona es una fácil pero tramposa escapatoria para un partido, Coalición Canaria, que lleva gobernando en Canarias casi veinte años y que no se puede eximir de la paternidad de cómo ha ido creciendo el agujero financiero en las arcas autonómicas. Se echa en falta algo más autocrítica y más valentía en admitir la ineficacia en la política económica, fiscal y financiera.
La imagen de cohesión para el control del déficit que tanto Mariano Rajoy como los presidentes regionales quisieron salvar en la cumbre autonómica celebrada en Madrid se ha roto. El actual gobierno de Cataluña ha dejado claro que quiere aportar menos dinero a la caja común del Estado y recibir más. El presidente de la Generalitat y los partidos que lo respaldan se cuidan mucho, sin embargo, de admitir que también Madrid entrega a la arcas estatales más de lo que recibe o que Canarias es una de las pocas autonomías -la única junto a Madrid y Baleares- que contribuye más a la caja de la Seguridad Social, con la que se pagan las pensiones. Los catalanes han decidido presentarse como los paladines del expolio estatal y reactivar la vía secesionista, una bomba incontrolable con el país abierto en canal por la crisis. Su demanda sólo encaja en una estrategia política muy discutible porque no hay una sola razón objetiva para que Cataluña reciba más dinero por habitante que Canarias. El Archipiélago es la región más perjudicada por el vigente modelo de financiación autonómica. No es una suposición, es un dato objetivo avalado por estudios independientes. Tan desfavorable es el actual sistema que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se encuentran entre las nueve de España que son aportadoras netas a los recursos de la Seguridad Social de los que viven los pensionistas del conjunto del país y no pocos familiares en paro abocados a sobrevivir con la paga de sus mayores. Si hay alguna comunidad que puede demandar un trato singular y especial esa es la canaria, dada la insularidad y ultraperiferia de un territorio que requiere un concierto diferente para poder igualarse a la media nacional, pero no por eso el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, abandera movimiento independentista alguno, sino que está comprometido en que el Ejecutivo español garantice la cohesión territorial y el acceso en las mismas condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, al margen de si viven en la Península o en las Islas, a los servicios sociales.
Los dirigentes catalanes deberían, pues, desvelar con franqueza sus verdaderas intenciones, abandonando los eufemismos. ¿Qué persiguen, más dinero para Cataluña o separarse de España? Si tienen fijado en el horizonte desgajar la nación, huelga el debate. Ninguna concesión aplacará los ánimos, augurando un posible final traumático. Si usan la tensión independentista como un chantaje para sacar tajada han llegado muy lejos en su irresponsabilidad. Promulgar la rebelión, comprometerse a llevar adelante sus deseos, legales o no, supone una invitación al conflicto.
Los catalanes que reclaman su soberanía al grito de "España nos roba" deberían preguntarse antes qué dinero pagó los Juegos Olímpicos, su AVE, o las bonificaciones a muchas empresas multinacionales para que mantengan su producción en Cataluña y no caigan en la tentación de las deslocalizaciones. Reina tal desconcierto que hay que insistir en obviedades: tributan los individuos, no los territorios, y la redistribución de rentas funciona como principio elemental de un país moderno. Otra cosa es que esa redistribución sea equilibrada y justa, que en el caso de Canarias no lo es.
Si quienes más aportan no quieren contribuir a la redistribución de la riqueza de todos cualquier fórmula de convivencia en común resulta inviable. La clase dirigente catalana -no es el caso de la canaria- ha apostado de forma radical por un victimismo que puede darles réditos a corto plazo pero tener consecuencias muy serias en el futuro. Mientras España derriba muros, o cede poder económico y hasta la moneda, en Cataluña se apuesta por los idearios que siempre buscan un enemigo exterior para tapar los errores propios inadmisibles.
La independencia es un negocio ruinoso y presentarla como la solución a los males económicos, una falacia. El desarrollo no llega del reparto de fondos sino de la capacidad de promover la prosperidad. Con políticas equivocadas, una comunidad nunca avanzará por mucho que mejore su hacienda.
Lo que no tendría sentido alguno es que el viraje radical de Cataluña, su obsesión protagonista en la reforma de la financiación, tenga consecuencias negativas para otras autonomías, entre ellas Canarias. Si se acaba cediendo a las pretensiones fiscales de los catalanes, el dinero que reciban tendrá que salir de los actuales y menguantes recursos. No hay que ser un experto para concluir que se obtendrá en territorios entre los que puede estar el nuestro. En el debate sobre el modelo de financiación debemos participar todos y al presidente Paulino Rivero le corresponde dejar muy claro que Canarias debe mejorar en el reparto de los recursos destinados a las regiones. A su favor tiene un dato incuestionable como es el claro desajuste en el reparto de los fondos estatales, lo que hace que por cada canario la comunidad autónoma reciba 384 euros menos que la media española, o el respeto a la condición ultraperiférica de Canarias para que la insularidad sea una condición a tener en cuenta en el reparto del dinero en Pacto por el Crecimiento y el Empleo elaborado por el Consejo Europeo para el periodo 2014-2020 de los presupuestos comunitarios.
La radicalidad por la que transita el Gobierno de Cataluña es un mal ejemplo para el resto de comunidades. Por eso es de agradecer el discurso moderado y sereno que utiliza ahora el Gobierno de Canarias, alejado de veleidades independentistas o exaltaciones patrióticas, que ayuda a distender un conflicto territorial y financiero grave, sin caer en el dramatismo o la desesperación, pero que ha llevado a las Islas a pedir el rescate. La solicitud de recurrir al fondo es un recurso financiero con mala imagen pero que permite obtener liquidez con rapidez y a un interés por debajo del que ofrecen los mercados. Si al final se tiene que pedir esta ayuda al menos Canarias lo hace en mejores condiciones que otras regiones: con la deuda por habitante más baja de España, una calificación crediticia igual a la del Estado y con la satisfacción de no haber dejado hasta ahora de atender sus obligaciones financieras.
LA PROVINCIA
DIARIO DE LAS PALMAS
