El pasado día 1 de los corrientes, justamente cuando gran parte del país iniciaba sus vacaciones estivales poniendo proa, por tierra, mar y aire, hacia su destino veraniego, obviamente fue la fecha elegida arteramente por Mariano Rajoy, Presidente del desgobierno español irremisiblemente arrastrado por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, sin excepción, para dar cuenta del caso Bárcenas, fijando precisamente tal fecha por creer erróneamente que era cuando más distraída se encontraría la ciudadanía por mor de las vacaciones estivales que en tal fecha iniciaba con la mente puesta en otras cosas más placenteras, aunque no tan interesantes.
Pero de nada sirvió la marrullería del doblemente presidente ya que el mayor o menor acierto de los portavoces intervinientes, pese a su diversidad argumental e ideológica, lograron como denominador común la imposibilidad de Don Mariano para poder defenderse con un mínimo de acierto de su encubrimiento o negligencia inexcusable -política, como mal menor- de que un forajido a quien San Luis Gonzaga no le perdonará jamás, que lleve su nombre, tuviera durante casi un cuarto de siglo el poder que tuvo a la vista ciencia y paciencia tanto de Aznar primero, como de Mariano Rajoy, su heredero, herencia aceptada sin beneficio de inventario, en los lustros siguientes.
En cualquier caso a estas alturas, reflexionando sobre el transcurso de la comparecencia de su compañero de partido, la benevolencia del Presidente de la Cámara para con él, al consentir que Rajoy, una vez puso fin lo que constituía el objeto de su comparecencia, continuase minutos y más minutos explayándose descaradamente en cuestiones que nada tenían que ver con tal objeto, sin recordarle, si en una sola ocasión, que se estaba saliendo descaradamente del tema, puesto que la razón de ser de su comparecencia, por forzada que fuese y arrastrado que, desde semanas atrás, hubiese sido el Presidente Rajoy a comparecer, Bárcenas y solo Bárcenas era el único asunto exclusivo y excluyente a tratar.
Tras hablar someramente de su viejo amigo y compañero Luis Bárcenas confidente de Aznar y Rajoy, durante casi un cuarto de siglo ininterrumpido, no tuvo otro remedio -¡bueno fuera?!- que reconocer su error, su inmenso error, al dar y renovar su confianza a un más que presunto delincuente.
Fue la suya, pues, la comparecencia de un hombre acorralado, huidizo, quien solo recuperaba fuerzas para proseguir, merced a la expresión de lugares comunes que nada tenían que ver con el tema, en virtud del oxígeno que le proporcionaba desde sus escaños su propia fuerza política, en forma de "claque", después de apelar impunemente en numerosas ocasiones a lugares comunes y a temas que nada, absolutamente nada, tenían que ver con su compañero de partido Bárcenas, sin que sea preciso apelar a la moderna responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que sin tal recurrencia cabe tipificar penalmente tal conducta como constitutiva de la acción de una persona física simplemente, conocedora y/o consentidora de las numerosas tropelías del tal Bárcenas, merecedoras del honor de un suplicatorio que, por mucho menos, ha tenido como sujeto pasivo del mismo, no a un Presidente del Gobierno sino a un modesto senador y exAlcalde de capital de provincia, como es Zerolo, sin la menor fuerza, como Aznar antes, con fuerza más que suficiente como para reflexionar sobre la actual politización de la Justicia, característica del Poder Judicial actual que no existía, con tal fuerza, ni en los tiempos del Dictador.
En cuanto a Mariano Rajoy, aunque no tuviera la menor tranquilidad por razones parapolíticas, es lógico que carezca del mínimo temor a unas próximas consecuencias procesales penales, habida cuenta de que la primera iniciativa parlamentaria del Gobierno, tras un mes de agosto tan propicio para pensar y repensar en la ortodoxia del texto el Gobierno, no se apruebe urgentemente para llevarlo inmediatamente al Congreso de los Diputados, un proyecto de ley por el que se imponga procesalmente la máxima prioridad en la tramitación, de entre todas las conductas del arco punitivo actual, en las causas de contenido político en general y específicamente por corrupción. ¿Le interesaría la imagen de un segundo Berlusconi, aunque por razones distintas, durante lo que resta de Legislatura? Y en cuanto al primer partido de la Oposición por qué razón, de no hacerlo el Gobierno, ¿no se le anticipa llevando a la Cámara una proposición de ley en igual sentido? Mi respuesta es ésta: porque ambos son iguales. Hoy por mí y mañana por ti?. Es lo que impone la cruel alternancia que padecemos y que una aplastante mayoría del electorado aborrece.
Y a todo esto: ¿Ha reparado el lector en que sin necesidad de suplicatorio cualquier Juez de Instrucción de España, competente territorial y funcionalmente para ello, podría primero "oír" y después "decidir" sobre la posible responsabilidad penal tanto de Aznar, quien habiendo sido Presidente del PP y del Gobierno español simultáneamente, como Mariano Rajoy hoy, al contrario que éste, no requiere siquiera de suplicatorio y tuvo también "algo" que ver en la época dorada de Bárcenas, teniendo presente a mayor abundamiento, que aquel ostentaba nada más y nada menos que la profesionalidad propia de un Inspector de Hacienda, con conocimientos jurídico-fiscales y contables muy superiores a los que ostenta un Registrador de la Propiedad, pongamos por ejemplo y que sin embargo, "atorrado", como decimos los isleños, viene haciendo mutis por el foro.
La mayor parte de los delitos tipificados en el Código Penal, son susceptibles de cometerse dolosa o culposamente, es decir, no solo con conciencia y voluntad, como es el caso del dolo, sino también por culpa o negligencia también, que puede ser lata, grave y gravísima, debiendo destacar que la culpa puede producirse "in eligendo" o "in vigilando". ¿Por qué y quién eligió a Bárcenas? ¿Quién confió en él para reelegirlo? ¿Por qué tanto Aznar como Rajoy hicieron caso omiso de sus sendas obligaciones de vigilarlo? ¿En qué precepto legal puede ampararse quien, en definición de Brusa, hizo "tábula rasa" de omitir voluntariamente la diligencia necesaria para prever y prevenir un evento posible, previsible y prevenible?
La respuesta jurídica a la patente antijuricidad la tienen, una vez más, los Tribunales de Justicia, corresponsables, en mi opinión, aunque en grado inferior, al desprestigio en que actualmente está sumida la llamada clase política, que integra nada más y nada menos que los partidos políticos a los que tanta relevancia les presta la Constitución española. Esto es lo verdaderamente grave.
