Comparada con otros países democráticos, la derecha de nuestro país carece de tradición democrática. Al fin de la etapa franquista, condición imprescindible para la integración de España en Europa, no se produjo la necesaria ruptura que devolviera al Estado a sus estructuras legítimas. La Transición, recurrida siempre por sectores ultraconservadores para finiquitar cualquier intento de justicia histórica, fue un vehículo preciso para dar normalidad democrática a importantes elementos inherentes al Régimen. Por eso no es de extrañar que pese al barniz democrático, el verdadero propósito de la derecha ideológica, de este país, se expresa, inevitablemente en muchas decisiones que el Gobierno adopta en el ejercicio de sus funciones, singularmente en su concepción del Derecho.

Un ejemplo de esto lo constituye el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ejecutivo de Rajoy con sanciones de hasta 600.000 euros y que algunos comparan con la Ley de vagos y maleantes de 1933, después del paréntesis que supuso por el rechazo del Tribunal Constitucional, la Ley Corcuera de 1992, más conocida como la ley de la patada en la puerta. Ahora, al menos en el texto previo, se introducen más prohibiciones que restringen los derechos civiles aún más. Se pretenden impedir los escraches a políticos, cuando los tribunales de justicia se han pronunciado amparándolos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. También se sancionarán las manifestaciones cuyas discrepancias incomoden a los gobernantes, aunque sean pacíficas. No se podrán obtener imágenes de policías que se excedan, aunque incumplan la normativa vigente sobre su preceptiva identificación. Ni siquiera podrá desahogarse verbalmente el ciudadano que reciba un trato desproporcionado por parte de un agente de la autoridad. Asimismo, habrá que cuidar la vestimenta, porque se multa la capucha y la mendicidad. Sin duda, todo esto supone una regresión a aquellos tiempos en los que bajo la expresión "la calle es mía" se reprimía toda libertad de expresión y participación ciudadana. Así concibe la derecha los derechos civiles.