Estoy atónita. Acabo de enterarme de que el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior ha presentado recientemente ante el Consejo de Ministros, con el argumento de intentar salvaguardar a la policía de los ataques de los ciudadanos, pretende aprobar que insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación sea considerado como una infracción administrativa grave sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.
Y digo yo, ¿y a los ciudadanos, quién nos protege de los abusos de los miembros de los cuerpos policiales? ¿Acaso este Proyecto de Ley contemplará también que ellos paguen una multa astronómica de su propio bolsillo cuando agredan, hieran o incluso maten a esas personas con las que, con lamentable frecuencia, se les va la mano en alguna de sus muchas intervenciones?
Se me hace difícil imaginar a aquella señora de Barcelona que perdió el ojo en la Huelga General del pasado año a causa de una pelota de goma disparada sin respetar la distancia de seguridad que se exige para el uso de estas armas, diciéndole con templanza al mosso que apretó el gatillo sin que le temblara el pulso: -¡Uy, señor agente, creo que se ha excedido usted en su actuación!- en vez de llamarlo lo que se merecía, hijo de puta, no fuera que, además de quedarse sin ojo, encima la multasen con un buen pico por insultar al elemento en cuestión.
O a ese otro empresario del barrio del Raval, también en Barcelona, al que un nutrido grupo de mossos mató a golpes a las puertas de su casa el pasado mes de octubre, exclamando tras cada puñetazo o patada recibida, -¡Señores agentes, por favor, no sean ustedes tan brutos que me hacen mucho daño!-, en vez de desgañitarse llamándolos de todo menos bonitos como probablemente hizo el pobre infeliz antes de morir apaleado.
Y sólo estoy recordando dos de los casos más sonados de abuso por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado que escuchamos cada día en las noticias y que, con toda probabilidad, constituyen sólo la punta del iceberg de las actuaciones policiales abusivas en España, porque de la gran mayoría no llegamos ni a enterarnos.
Pero esperen, que el asunto es aún peor: no crean ustedes que el Ministerio da puntada sin hilo, porque tras los acontecimientos más recientes, y para que a ninguno se nos ocurra correr a defendernos con lo único que podíamos hacerlo hasta ahora, la denuncia -otra cosa es que sirva de algo-, el famoso proyecto recoge también que se considere infracción muy grave, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías en acto de servicio. Es decir, que los muy listos se garantizan además que a nadie se le ocurra grabarlos en alguna de sus actuaciones abusivas para poder tener pruebas fehacientes de dichos actos que presentar ante un juez, si se diera el caso. Y con esto, señores, se aseguran ya la licencia para matar.
Convendrán conmigo en que, estando las cosas como están, que la mayoría de nosotros no tiene ni para pagar la hipoteca, los señores agentes del orden no van a tener ni que sacar la porra para amedrentarnos. En adelante, y si llega a aprobarse el susodicho Anteproyecto de Ley, no tendrán más que amenazarnos con denunciar que les hemos insultado y que nos van a levantar tres mil eurazos de la cuenta, para que agachemos la cabeza y nos vayamos derechitos a casita. Otra cosa bien distinta será que se conformen y no nos aticen algún porrazo que otro, que ya se sabe lo difícil que es perder las malas costumbres.
Así que ya ven: no contentos con despojarnos de nuestra dignidad y nuestros derechos, ahora también pretenden quitarnos nuestra libertad. Ha llegado la Ley Marcial.
