Las sociedades democráticas se basan en principios que ninguna autoridad debería violar. La conquista de derechos básicos como es la libertad de información y de expresión son derechos fundamentales. La Constitución atribuye al Estado su defensa, promoción y garantía. Sin embargo, el PP pretende derogarlos con su Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley mordaza. El Consejo de Ministros la ha aprobado y ahora se iniciará el trámite parlamentario. Cada día el PP anuncia medidas legislativas de corte fascista. A las coercitivas contra las manifestaciones en la calle, bajo la coletilla abstracta de "perturbación del orden", se añaden otras que refuerzan la vulneración de los derechos fundamentales. Entre las propuestas más inquietantes de esta ley destaca la imposición de sanciones graves por grabar o difundir imágenes de policías durante sus intervenciones. Ni siquiera los medios de comunicación podrán hacerlo mientras dan cobertura informativa de los sucesos. Se sancionará igualmente eso que el PP llama "ofensas a España" -¿España una, grande y libre?- y se eliminará la capacidad decisoria de las distintas comunidades. También se castigará a quienes intenten impedir el cumplimiento de un acuerdo judicial o administrativo. Como ejemplo, miembros de los colectivos anti desahucios, aunque actúen sin violencia, serán multados. El Gobierno saca a los jueces del proceso contra las protestas no autorizadas, delegando la autoridad en la policía. El PP tiene la voluntad de crear un fichero de infractores con la finalidad de apreciar la reincidencia y valorar su posible repercusión directa sobre la seguridad ciudadana. Con otras palabras, volveremos a ser fichados. Son estos algunos de los aspectos de la ley del PP, expresión trágica del conflicto entre la legalidad y la legitimidad. No queda otra alternativa que elegir uno de los dos caminos: someterse a esta ley injusta o resistir a la tiranía que se ampara en un marco legal. En este último caso parece que solo cabe la desobediencia civil, viéndose obligada la ciudadanía a transgredir la ley en defensa de los principios democráticos elementales.