La sensación es que el engaño, el truco, la trampa y la desvergüenza se han apoderado de los resortes del país. Qué quieren que les diga. Todo parece corrompido; pero lo peor es la desfachatez y la chulería continuada. Europa tiene un problema con la corrupción, es cierto, pero todos los organismos europeos que auscultan la salud del sistema, coinciden en el diagnóstico: España está al borde del fallo multiorgánico. España es el caso más grave porque, entre otras razones, en vez de fortalecer los instrumentos de prevención, detección y lucha judicial, fiscal y policial, se bloquean los mecanismos. Nada se salva del cóctel mortal de codicia, incompetencia y fanatismo.

Uno de los episodios de fraude político más claro es el que tiene relación con la estrategia energética. Desde que José María Aznar privatizó Endesa e inventó el sistema de subastas para que fuera el mercado quien fijara los precios, todo se ha salido de control; a otra escala, desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se desprendió de la mayoría de las acciones en Emalsa, el deterioro del servicio ha sido imparable: el césped puede estar verde, gracias a los aditivos, pero las tuberías están corroídas y la empresa da para un titular híbrido entre la conjura de los necios, la hoguera de las vanidades y el lobo de Wall Street.

Muy resumido: hace veinte años el 'agujero de ozono' y el cambio climático ponen de moda el cambio de usos energéticos, y surge una sana política 'verde' que además procura un ahorro a las economías familiares, que deben ser lo primero para todo gobernante democrático honesto. No puede estar más claro en teoría: si el barril de crudo Brent cuesta alrededor de 100 dólares, y el barril de aire es gratis, no hay duda de que sacar energía del aire o del sol es mejor que sacarla de los combustibles fósiles. A pesar de que no se sepa cuándo se secarán los yacimientos, y cuando la extracción mediante el 'frakking' convertirá en polvo el interior del planeta, sí es fácil deducir que el petróleo tiene fecha de caducidad porque la cantidad no es finita: hay la que hay, y según se extraiga, va quedando menos. Sin embargo algunos estudios sobre el fin del mundo sitúan el momento en que se apagará el Sol dentro de unos cuatro millones de años. Por lo tanto, hay sol y aire para rato.

El ecologismo vendía con su olor a rosas y a valle verde. Muchas empresas eléctricas y gasísticas se pasaron al bando verde, y empezaron a enviar, junto con los recibos, unos dípticos recomendando el consumo responsable: daban instrucciones de cómo ahorrar y aconsejaban cambiar los aparatos tradicionales por aparatos, y bombillas, más 'eficientes'. Claro que mucha gente tenía una duda razonable: no parecía lógico en medio de la avaricia desordenada que un vendedor quisiera vender menos.

A su vez, la creciente y despendolada carestía, impulsó la investigación aplicada y las medidas novedosas por parte de algunas administraciones, que, tomando nota de lo que es común en la UE, desarrollaban proyectos para el autoconsumo: pequeños generadores eólicos que sustituyeran una parte del suministro. Ello permitiría bajar las dos partes del recibo: la potencia contratada, y la energía comprada.

De repente, el gobierno empieza a frenar el autoconsumo, y el ministro Soria inventa, literalmente, un impuesto sobre el viento, con el argumento de que hay que pagar un peaje porque los molinos domésticos compiten con las industrias eléctricas. Por la misma regla de tres habría que poner un impuesto a los huevos fritos en los hogares, porque compiten con el bar de la esquina. ¿Mundo de locos? No, desde luego. De 'lobbies' con piel de cordero.

Pero la subida continuada de la tarifa forzó un ahorro paralelo de supervivencia familiar. Pero el ahorro de los consumidores es pérdida para las empresas. Y menos impuestos para un gobierno voraz que no se convence de que la salida de la crisis es incompatible con el machaqueo a las clase trabajadoras y clases medias.

Y empezó a engordar la parte fija del recibo, la 'potencia contratada' y a disminuir aquella en la que podía ahorrarse con los hábitos más eficientes que se recomendaban. Ahora Soria ha implantado en la práctica una 'tarifa plana' que garantiza tanto al Estado que sus desmedidos impuestos no van a bajar, y a las compañías, que su facturación no descenderá.

Mientras los españoles se empobrecen aumentan los impuestos y los servicios básicos, como la luz, del agua, la telefonía... El Estado parece haber caído en manos de aventureros del mercado que despliegan políticas contra la gente corriente.

O sea: "estamos rodeados", me musitaba acongojada una pensionista en la puerta del periódico. Y esa sensación es peligrosa.