Cuando las barbas de tu vecino veas quemar...

El gobierno británico ya había confirmado, en el pasado mes de septiembre, la privatización del histórico servicio público de correos, la Royal Mail, mediante la venta de títulos en bolsa a inversores institucionales y ciudadanos, que finaliza en abril de 2014.

A finales de 2013, Portugal vendió el 70% de las participaciones de la sociedad estatal de Correos (CTT), por los cuales el Estado luso se embolsó 580 millones de euros. Ya Alemania había iniciado el proceso de privatización del Deutsche Post desde hace unos años, y algún otro país del entorno ha anunciado la intención de privatizar el servicio público de Correos.

El asunto es particularmente inquietante si se considera que los servicios postales del Estado son uno de los pilares de los servicios públicos y de las infraestructuras del Estado social; tan importantes como pueden ser las carreteras, los puertos, los aeropuertos o los ferrocarriles. A poco que nos remitamos a los orígenes del correo en los estados modernos, veremos que constituye un embrión que dio lugar a una compleja red de infraestructura de servicios públicos para la asistencia de la población.

En el Estado español, los servicios postales han sido "el servicio público" por excelencia, desde que en el siglo XVIII se consolidó como servicio del Estado. Los mensajeros del rey, de antaño, se convirtieron en los carteros o funcionarios de Correos y Telégrafos. Y como reminiscencia de aquel anacronismo (del rey), Correos luce todavía la corona como emblema identificador del carácter público del servicio.

Ni siquiera Margaret Thatcher, con la ola de privatizaciones que puso en marcha, intentó privatizar la Royal Mail, porque pensó que era ir demasiado lejos. El presidente Ronald Reagan, no obstante las políticas ultraliberales aplicadas en los años ochenta, tampoco se atrevió a privatizar los servicios postales norteamericanos, el US Postal. Aunque su intención era hacerlo, se vio obligado a dar marcha atrás por la frontal oposición de los sindicatos postales.

Ya durante el gobierno de José María Aznar se comenzaron a mover fichas en tal sentido, dentro del programa de privatizaciones. Correos y Telégrafos pasó a ser sociedad anónima estatal, y se sucedieron una serie de cesiones de inmuebles, del Patrimonio del Estado o de las corporaciones locales, a favor de la nueva sociedad Correos SA. La incorporación de estos bienes, sede de servicios postales, como activos de la nueva sociedad, hizo pensar a algunos en una futura privatización. Pero la cosa se quedó ahí, para un momento más propicio...

El proceso parece haber continuado su curso: tras la desregularización o liberalización del sector postal en 2010, en transposición de una directiva de la Unión Europea. En 2011 se fusionaron las distintas sociedades filiales de Correos dando lugar al Grupo Correos. El paso sucesivo en el manual neoliberalizador sería la privatización ...

La hipotética privatización de Correos implicaría que la propiedad y gestión de los servicios postales y telegráficos del Estado pasan a manos privadas, y que los carteros dejan de ser, definitivamente, funcionarios de Correos (cosa que ya viene sucediendo desde hace unos años). Esto no sólo tiene un valor simbólico, sino que implica que la responsabilidad de custodiar y consignar la correspondencia estaría encomendada a una empresa privada. Decir esto en la era internet puede resultar casi anacrónico para algunos, pero lo cierto es que la correspondencia escrita, en sobre cerrado, certificado y bajo la custodia de un funcionario de correos sigue siendo una garantía.

La entidad privada resultante pasaría a ser controlada presumiblemente por inversores institucionales (esto es, por bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras y fondos especulativos o hedge funds), que se mueven por una única ley: la búsqueda del mayor lucro posible.

Como la historia de una infamia calculada, el déficit público es la justificación de cualquier proceso de privatización en estos tiempos. Un fenómeno que se muestra cada vez más voraz e insaciable. Como el mismo Saturno devora a sus propios hijos sin piedad, el Estado engulle a través del agujero negro del dé-ficit todo aquello que se le ponga a merced (en nombre de no sé qué ley no escrita). Y lo peor es que seguimos tragándonos esa quimera fabricada en un departamento de Economía de la Universidad de Chicago que se ha extendido como un bulo por las facultades de Economía y escuelas de negocios de todo el mundo. Se acepta, sin más, como un dogma de fe que nadie se atreve a cuestionar. Los lobbies se han encargado de difundir entre gobernantes y políticos la "teoría del pecado original del déficit público", pero sin dar argumentos. "El problema es el déficit público", "hay que reducir el déficit público para crecer y crear empleo". Nadie explica los fundamentos de esta aseveración. Una falacia mil veces repetida que se convierte en verdad incuestionable y que es-tá haciendo claudicar a la de-mocracia.

Como ya he dicho en alguna ocasión, estamos asistiendo, impasibles, a un proceso de desmantelamiento y liquidación del Estado del bienestar. El Gobierno español no ha revelado, de momento, sus planes respecto al Grupo Correos. Hace unos meses, el presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda, afirmaba en el Parlamento que no hay ningún plan para privatizar Correos. Lo que en clave orwelliana quiere decir: Va a durar menos que Pinocho en el aserradero...

En fin, todavía no hay nada confirmado, pero como dice un viejo refrán castellano: cuando las barbas de tu vecino veas quemar... Eso, ojo al parche.