Conozco a la infanta Cristina desde hace años. Durante mi etapa como director general de la Fundación la Caixa ella ocupaba el cargo de directora de Cooperación Internacional, trabajo que realizaba con dedicación, eficacia y responsabilidad. El conocimiento personal y relación profesional hacen que tenga especial aprecio a Cristina de Borbón. Vaya esto por delante.
He estado atento durante estos últimos años, como la mayoría de ciudadanos, al proceso al que ha estado sometida la Infanta como consecuencia de una de las 26 causas separadas y derivadas del sumario abierto en relación con el polideportivo Palma Arena y no he salido del asombro que produce el ver cómo una persona es sometida a una investigación extremada, a un juicio mediático y a una condena anticipada. La justicia es igual para todos, todos somos iguales ante la ley, cierto, todos somos iguales, pero en este caso creo que no ha sido así, justamente por ser hija del Rey se la ha desacreditado sin consideración alguna y ha sufrido más coerción que cualquier otro ciudadano. Seamos claros, se está utilizando a la esposa de Undargarin para articular una causa general contra la Corona.
En cualquier Estado de Derecho y en cuestiones penales existe un principio fundamental, "la presunción de inocencia", tan poco respetado en este país que se puede decir que ese principio cardinal se ha trocado en "presunción de culpabilidad". La sociedad, los medios de comunicación, se han erigido en instructores, jueces, tribunales y verdugos y como una jauría humana no tienen reparo en proceder al linchamiento de cualquiera. En este caso se ha condenado sin pruebas incluso antes del juicio, vulnerando derechos elementales propios del sistema democrático. ¿Se está transitando hacia un "Estado de Derecho" como el de Somalia o Burkina Faso?, ¿no hemos aprendido nada de una de las conquistas que en el campo de la justicia logró la Revolución Francesa? El principio de la presunción de inocencia debe alcanzar a todos, incluso a la Infanta, cuya dignidad y honor se han visto maltratados. Esto no es justicia.
¿Desde cuándo se puede responsabilizar a una esposa de la gestión de su marido? ¿Desde cuándo se puede seguir una "Inquisitio Generalis" llegando a investigar gastos nimios y de nula relevancia económico-fiscal? En un procedimiento de este tipo se deben delimitar los hechos y no hacer una búsqueda general por si se encuentra algo que permita incriminar. Se está acusando a Cristina de un delito fiscal pero Hacienda dice que no hay tal de-lito, y debemos suponer que de eso entienden. Esto es exactamente igual que si un acreedor sostuviese que a él nada se le debe y un juez dijese que sí, que tiene que pagar. El perito especialista en derecho fiscal, propuesto por la acusación Manos limpias, dice en su informe que no se de-riva ningún tipo de delito en la actuación de la Infanta? pero sigue imputada, lo mismo ocurre con la posición del fiscal Anticorrupción, que, repetidamente, sustenta que Cristina de Borbón no ha cometido ningún delito contra la Hacienda pública, pero la Infanta se ve obligada a bajar "la rampa" para ir a declarar sin saber de qué se la acusa. Culpabilizar anticipadamente a alguien puede causar un daño irreparable y dañar gravemente la vida de una persona.
La mayoría de informaciones y artículos de opinión sobre este asunto han transcurrido por terrenos vejatorios hacia Cristina; sin embargo, he podido leer uno, -uno-, en este periódico de José Manuel Barquero que bajo el titulo "El Callejón de Kafka" compara lo que le ocurre a la Infanta con lo que le ocurrió al personaje de la novela El proceso, de Franz Kafka, quien sin haber hecho nada una mañana es detenido. En esta novela se pone en evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, su poca fiabilidad y se hace burla del funcionamiento de la Justicia. Barquero acaba diciendo que aquí, en Mallorca, se ha convertido la famosa "rampa" en nuestra particular Bastilla. En la novela, curiosamente, el único defensor del acusado resulta ser el fiscal, ¡vaya coincidencia con el caso de la Infanta! Tema preocupante, los prejuicios, resentimientos sociales, posicionamientos políticos deberían ser ajenos a la justicia. Los que se divierten con estos asuntos acusan ligeramente, condenan de forma anticipada y deberían reflexionar, pues mañana podrían verse en una situación parecida.
Vivimos en un país cainita, en el que no se reconoce el trabajo bien hecho, en el cual no se aprecia el servicio prestado y donde se disfruta con el sufrimiento ajeno. A la Monarquía se la acomete hoy innecesariamente, no se valora el papel moderador dentro del sistema institucional, cuando, a pesar de algún traspié, la Corona ha facilitado que España haya progresado durante los últimos 37 años más, más rápidamente y mejor que nunca, incluso con reconocimiento internacional. No es serio ni propio de un país políticamente maduro (¿) que se aproveche la kafkiana situación que está viviendo la Infanta para atacar a la Corona.
Es más, por parte de algunos sectores políticos se está reclamando la República -se vio por última vez el sábado-, si tuviéramos que juzgar qué piden, cómo lo piden y calificar el cómo exteriorizan estos deseos, insultos, zafiedades e incivilidad, podemos concluir que un cambio de régimen hacia eso sería aventurado y, si se lograse, "que Dios nos coja confesados".
