Muchos políticos y empresarios se oponen a la consulta popular (popular de pueblo, no de PP, como está claro) que el presidente de Canarias, Paulino Rivero, quiere poner en marcha para conocer la opinión de los ciudadanos isleños sobre la posible extracción de petróleo o gas en aguas cercanas a Canarias. Los políticos, en general casi todo el PP, con alguna incrustación de la parte ATI de CC, esa que históricamente utiliza la puerta giratoria que la comunica con la derecha nacional tinerfeña, señalan que España es una democracia representativa, y que el Gobierno es quien representa la soberanía nacional. Impecable teoría.

Pero lo cierto es que la propia Constitución no impide estas consultas en los ámbitos autonómico o locales, una sentencia del TS autorizó en 2008 un referéndum en Almuñécar sobre el Plan General, sino que deja una puerta abierta a su realización; y que la condición 'representativa', que es cierta, está contaminada por los intereses creados, que han hecho aflorar una corrupción generalizada, y por la práctica desvergonzada de la trampa y la mentira. Por lo tanto, si hay un tema de especial trascendencia, aunque España no sea Suiza, como han recordado varios políticos y empresarios (que obvian la práctica habitual de este tipo de consultas en EE UU o en la UE) nada impide que se celebren, sobre todo si está contemplado en el Estatuto, que es ley orgánica.

El argumento CEOE es igual de endeble, o más aún. Entra en el terreno del lugar común donde toda tontería recibe un brochazo de credibilidad. Se trata, han dicho líderes patronales, de un nuevo tic de la 'doctrina del no', de un desalmado boicot a las inversiones. Mirado así... en realidad hay otros factores que coadyuvan a impedir ciertas inversiones, como la ley de la Gravedad, los tribunales de lo Contencioso, las sentencias judiciales, las protecciones constitucionales al Medio Ambiente y al patrimonio histórico, la normativa urbanística, el sentido común, la buena fe, la igualdad de oportunidades....

Lo que ocurre es que ha llegado un tiempo de desconcierto y trapisonda en que una parte de la sociedad ha sido intoxicada por la cofradía del 'no se puede perder una inversión e impedir que dé un pelotazo' y considera que el tráfico de influencias o el capricho financiero son derechos fundamentales. Y no, no lo son. Quizás el escándalo de la trama Gürtel tenga una parte positiva: aclarar, por el método comparativo, lo que no se puede hacer.

Es técnicamente cierto que Canarias no tiene competencias jurídicas sobre el fondo marino y su subsuelo de la parte del mar territorial español donde se proyecta la extracción de petróleo, si lo hay. Pero sí es en cambio técnicamente posible que en caso de derrame de crudo, éste podría llegar a las Islas. Investigadores de toda solvencia de la Universidad de Las Palmas están cansados de exponer las conclusiones sobre los desplazamientos de larvas de peces desde el litoral marroquí y sahárico hasta el Archipiélago. Desde hace años este es un asunto muy estudiado: más o menos puede establecerse que en el mar pasa lo mismo que en el aire. Si el polvo del desierto y la langosta han afectado a todas las islas en algún momento, el agua es asimismo un camino en continuo movimiento que no sigue una línea recta de norte a sur, por la mezcla de factores tan diversos como las corrientes de mar y de aire, profundidades y altitudes, presiones y temperaturas...

Los que contraponen a este referéndum consultivo que cómo se va a autorizar a Canarias lo que no se autoriza a Cataluña, solo están lanzando tinta de calamar. Lo que quiere hacer la Generalitat es un referéndum de autodeterminación, lo cual sí está excluido de la Constitución. España no es divisible; pero el petróleo -a cuya propiedad ha renunciado el Estado- se puede sacar, o no. Nada que ver.

¿Que es una maniobra política? Claro que sí. El mismo PP defendió en su día esta consulta en la Cámara regional. Cosas de la vida.

Hay una división radical de puntos de vista, que enfrentan al Gobierno legítimo y representativo de la nación con el gobierno legítimo y representativo de Canarias y con los gobiernos legítimos y representativos de Lanzarote y Fuerteventura...

La Constitución se refiere en el artículo 92 a que "las decisiones políticas de especial trascendencia" podrán ser sometidas a referéndum 'consultivo' de todos los ciudadanos. En ninguna parte se limita este procedimiento al ámbito nacional, excluyendo los autonómicos, provinciales o insulares y munici-pales.

¿No estamos acaso ante un tema de 'especial trascendencia'? En el actual clima de degradación política y corrupción sistémica no vendría mal una bocanada de democracia fresca.