Existe una línea imaginaria que delimita las fronteras sobre los mapas. Su trazado es invisible, pero se percibe como algo real. Limita territorios, naciones, lenguas y grupos humanos, no siempre con acierto, pero sí con precisión. Es la misma traza que delinea las regiones geoclimáticas del globo, desde el Ecuador hasta los Polos.
De igual modo, hay una sutil línea roja que marca el territorio entre lo tolerable y lo que no se puede permitir. Parece estar presente en casi todas las cosas, y con especial convulsión planea sobre los asuntos sometidos a la justicia ordinaria. Sobre todo cuando estos afectan a miembros relacionados con estamentos del poder (o de las altas instituciones del Estado).
Cuando jueces y magistrados desempeñan su labor con objetividad e independencia, a veces, se tropiezan con alguna rémora. ¿Casualidad?, ¿gajes del oficio?, ¿o forma parte de una dialéctica de las cosas que lleva a trazar, también en el terreno judicial, esa delgada línea roja que no se debe sobrepasar?
Da la impresión que nos encontramos ante un muro invisible. A modo de la franja de seguridad que existía en los campos de exterminio, a la cual los internos no podían acercarse, so pena, en caso de sobrepasarla, de ser tiroteados por los guardias o resultar fulminados por una descarga eléctrica de las alambradas.
Baltasar Garzón, el juez que destapó y desarticuló la trama Gürtel, y que "expulsó" de la política a dos decenas de dirigentes del partido en el gobierno que colaboraron en el pillaje, fue expulsado de la carrera judicial por una fulminante condena del TS. Causa seguida a instancia -precisamente- de los mismos cabecillas de la trama.
El juez de Instrucción que mandó a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en medio de una fuerte presión mediática tras adoptar la controvertida decisión, fue apartado de la instrucción del procedimiento. Primero, por efecto de la recusación del propio Blesa; y ahora suspendido cautelarmente en su ejercicio por la apertura de la fase de juicio oral, al estar acusado de prevaricar. Se enfrenta a un procedimiento en el que la Fiscalía pide para él 30 años de inhabilitación. El propio Silva se ha defendido denunciando "ataques contra la independencia de jueces que investigan a los poderosos" -ha dicho- y ha interpuesto, a su vez, una querella criminal contra el magistrado instructor de su causa en el TSJM.
Otro juez que ha estado bajo reflectores en los últimos meses es José Castro, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma, que instruye el llamado caso Nóos, seguido contra Iñaki Urdangarin y su socio, y la infanta doña Cristina. Contra él parece haberse orquestado también una campaña de acoso y desprestigio. Un medio mallorquín (Diario de Palma, 25.01.2014) se hacía eco de esta noticia: "Medios judiciales palmesanos sopesan (...) la posibilidad de que el juez José Castro sea apartado del caso Nóos, mediante la interposición de una querella contra él, o por otra maniobra...".
En el mismo asunto, algo que nos ha dejado perplejos son las alegaciones del fiscal del caso frente a la decisión del juez instructor de citar a declarar a la infanta Cristina como imputada. Según el fiscal, el juez arguye "una teoría conspiratoria (...) para justificar la existencia de indicios delictivos".
Cuando se habla de "conspiraciones" en estos términos, me recuerda una época en la que se responsabilizaba de todos los males a no sé que confabulación judeomasónico-comunista. (¡Menos mal que no se han dado cuenta todavía del origen sefardí del apellido "Castro"...!). Y es que, efectivamente, si uno se empeña en buscar "conspiradores", no le faltarán motivos. Así, habrá quien pueda "acusar" al juez Ruz de "madridista empedernido" por haber admitido a trámite la querella criminal contra el presidente del Barça por el fichaje de Neymar.
Y a propósito del juez Ruz, otros de los asuntos en el candelero son los que éste tramita en el Juzgado Central de Instrucción. El magistrado que mandó, por una temporada, a la sombra a Luis Bárcenas, se está ganando a pulso la antipatía de ciertos sectores políticos. Y encima, va y ordena el registro de la sede del partido del gobierno. Algo que no ha sentado nada bien a los dirigentes de Génova. Por el momento, el juez Pablo Ruz sigue en su puesto, pero tengo entendido que, en realidad, es titular de un juzgado de Instrucción en Móstoles. Y que está en la Audiencia Nacional en comisión de servicios, es decir, interinamente (en diciembre, el CGPJ le prorrogó por seis meses la comisión de servicios). Como quien dice, pasaba por allí cuando cayó en sus manos el "dichoso" asunto. Hay quienes son optimistas y creen que Ruz está "blindado" y no se le puede tocar porque lo está haciendo bien. Sin embargo, hay quienes piensan que precisamente por eso puede tener los días contados. En fin, que le pueden quedar dos telediarios para acabar en un Juzgado de Navalcarnero...
El caso Gürtel, los papeles de Bárcena, el caso Nóos y todo asunto que tiene que ver con altas esferas del poder político y económico parecerían que están "malditos". Son como un virus terrible y desconocido que acaba contagiando y eliminando a sus propios descubridores. Dicen las malas lenguas que fueron los "papeles de Bárcenas" los responsables de que a Pedro J. Ramírez le quitaran la silla después de veinticinco años en la dirección de su periódico. Parece que resultaba un elemento demasiado incómodo para el partido en el gobierno. No es para sorprenderse, no sería la primera vez que ocurra con periodistas de medios escritos, televisivos o radiofónicos. Pero estas cosas no se pueden afirmar.
¿Que existe "una casta de intocables" contra los que no se puede proceder...? Son sólo hipótesis, especulaciones, sospechas, y, en el peor de los casos, un delirio conspiranoico. Sólo podemos permitirnos la duda, lo otro correría el riesgo de sobrepasar la sutil línea roja.
