Apuntes

Los decretos tienen dos caras

17.02.2014 | 23:00

El ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que el Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la 'ley turística' aprobada por el Gobierno de Canarias. Pero el líder de los populares isleños va más allá, mucho más allá, como suele en sus famosas descubiertas, en su planteamiento político; afirma que "no se puede imponer la rehabilitación turística por decreto" porque va en contra de la libertad de empresa y la prestación de servicios.

La argumentación, como todas las de él en parecidas o idénticas circunstancias de desacuerdo, es muy novedosa, podríamos decir que rompe con los statu quo establecidos en el actual sistema político español y europeo. En primer lugar está el matiz de definir como gobernar "por decreto" el gobierno mediante leyes aprobadas por mayoría en los parlamentos, porque un argumento de este tenor dirigido al ejecutivo regional debe tener efecto asimismo sobre el nacional, y a partir de las próximas elecciones europeas, sobre el de la Unión, por el reforzamiento de esta Cámara de los 28 en aplicación del Tratado de Lisboa, que aunque no es la panacea para los federalistas, sí es un paso importante para la conexión ciudadanos- instituciones comunitarias.

Pues bien, la 'ley turística' que prima la rehabilitación y la renovación del suelo de las áreas 'obsoletas', es decir, degradadas y sin capacidad de atracción turística, es el resultado de la mayoría parlamentaria en Canarias. Tendrá todos los defectos que se quieran, pero no son más que los de las leyes más características impuestas por el rodillo solitario del PP en el ámbito estatal.

Soria plantea además un dilema importante: que la legislación limite el libre albedrío del mundo de la empresa y sus intereses lo considera perjudicial, según el contexto de sus palabras. Ya se sabe, eso de que se trata, como sostiene la patronal, de una injerencia indeseable que corta y coarta la iniciativa privada.

Pero no es menos cierto, que diría un fiscal, que eso también afectaría al argumento contrario: legislar a favor de los intereses representados en la Patronal va en contra, o puede ir, de los ciudadanos, y que se sepa, los ciudadanos, constituidos en la ciudadanía que forma el 'pueblo español' son los depositarios de la soberanía nacional, y no las empresas y sus organizaciones representativas. Es más, la Constitución prima la organización sindical sobre la patronal ya en el artículo 28. Además de garantizar la libre sindicación, la Ley Fundamental reconoce el derecho a la "negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". Y es que ya en el título preliminar de la CE 78, en su artículo primero, se afirma que "España se constituye en un estado social y democrático de derecho". Obsérvese este detalle: no se habla de un estado patronal, o neoliberal, o de mercado, sino "social". ¿Qué parte de 'social' no se entiende?

Por lo tanto, aquí sí que 'democráticamente' no cabe la reducción o matización de estos derechos ni por decreto ni por una ley como la de la reforma laboral. Los tropiezos judiciales de la privatización de seis hospitales de Madrid da una idea sobre la complejidad del tema. La Constitución, ampara a personas y persigue la cobertura de las necesidades básicas (empleo, salarios dignos, pensiones suficientes, viviendas, educación, sanidad pública, universal y gratuita) y no la protección de los intereses empresariales y sus cuentas de resultados sobre el de los consumidores y usuarios.

Con los actuales problemas en el sector de la energía hay ejemplos sobrados de que se están trastocando las prioridades. La falta de control es paralela -pero con la línea algo más larga- a la oscuridad de los objetivos y a la dificultad de esclarecer los componentes de la factura de la electricidad y la legalidad de muchas de las órdenes y papelería diversa que regulan los contadores o numerosos pequeños grandes detalles.

La 'cosa' es que ni el referéndum, por mucho, ni los decretos por poco, ni las leyes porque las ajenas no son tan democráticas como las propias. Y a todo esto, 'Marca España' (¡Presente!) bate récords que asombran a Europa: el Ministerio de Industria descubre que dos petróleos iguales, el balear y el canario-africano, son distintos según la aguja de la jeringuilla que se use y el número de pinchazos que se den, y que la subida de precios, indiferente a la gratuidad del 'barril de aire', es la más alta del continente... y que mientras más sube, más deuda tarifaria a favor de las eléctricas.

¿No sería más fácil copiar lo que hacen los gobiernos de Alemania, Francia, Noruega...? ¿Para qué ensayar con esta materia inflamable lo que otros han descartado por la prueba y el error?

laprovincia.es en las Redes Sociales
Enlaces recomendados: Premios Cine