El análisis

Renovar, no reformar

22.02.2014 | 23:00

Los españoles tenemos muchas virtudes, entre ellas están la imaginación y la creatividad. Bien es cierto que también la utilizamos indebidamente para buscar excusas a nuestros errores y defectos. Esto es evidente cuando se trata de valorar resultados: el profesor la tiene cogida conmigo, el informe está equivocado, el jurado estaba vendido, los calificadores son incompetentes... etc.

Ante esta infantil postura recomiendo algo diferente que es hacer autocrítica e intentar mejorar los resultados, algo que es mucho más eficaz y enriquecedor.

Por ese motivo, cuando queremos cuestionar algo, aun cuando nos afecte, procuramos hacerlo en privado para que nadie se sienta atacado y así evitar su enemistad.

Nunca ha sido mi intención molestar a nadie; sin embargo, siento la necesidad de contribuir con mi crítica a una sociedad que necesita urgentemente un revulsivo que le haga asumir su responsabilidad como componente de nuestra sociedad.

Mi crítica en este caso va dirigida a los cargos públicos y en general hacia una administración cuyos resultados no pueden ser más lamentables. Para ello quiero comenzar con un ejemplo de puro sentido común.

En España, cuando queremos registrar a un niño recién nacido seguimos los siguientes pasos:

Con el comprobante del nacimiento que aporta el hospital, pasadas las primeras 24 horas de vida, se acude al Registro Civil con el comprobante del hospital, el libro de familia y DNI de los padres, y entonces obtenemos una cita. En el Registro de las dos capitales canarias, la cita la suelen dar para unos 5 o 7 días aproximadamente. Con el comprobante de haber solicitado la cita se puede gestionar en paralelo el resto de los trámites.

Después, hay que acudir al médico de cabecera en el centro de salud que nos corresponda con la tarjeta sanitaria del progenitor que lo va a incluir en su tarjeta como beneficiario.

Es conveniente ir al Ayuntamiento para empadronar a la criatura aportando copia del libro de familia o volante de la cita en el registro, más algún recibo que contenga la dirección exacta del domicilio donde se va a empadronar al niño. Si es domicilio en propiedad, cualquier recibo y/o escritura, si es una vivienda en alquiler, copia del contrato de alquiler. Se hace en el momento. ¡Menos mal!

Además de la gestión en sí, es digna de mención la rigidez en los horarios que tienen todos los organismos anteriores para realizar cada uno de los trámites...

Y Uds. se preguntarán ¿A qué viene eso? Es que a mí me gusta hacer comparaciones y en este caso lo hago con Florida.

La comadrona en solitario inscribe a la criatura a través de su ordenador en el registro desde el hospital y ya está. En definitiva, los padres no pierden el tiempo, no se consume papel, el padre puede acompañar a su mujer en un momento tan importante y sobre todo, quién mejor puede dar fe de la incorporación de este nuevo miembro a la comunidad. Es puro sentido común.

Los componentes de las empresas más modernas y eficientes se cuestionan permanentemente sus métodos de trabajo, bajo el lema: todo es mejorable. Por supuesto que el abaratamiento de los costos garantiza el futuro y por tanto los puestos de trabajo.

En las administraciones públicas no es aceptable que un servidor público no sienta la responsabilidad de aligerar trámites en beneficio de la sociedad, y por el contrario, pensar que su labor consiste en obstaculizar ante un potencial delincuente.

El exceso de burocracia y de laborales públicos es también motivo de preocupación. Durante décadas, desde los partidos con cargos públicos se ha venido engordando el número de funcionarios, o mejor dicho laborales, siendo en la mayor parte de las veces sin justificación alguna; y lo que es peor, sin la cualificación necesaria, de manera que la reubicación del personal o el despido de los incompetentes se hace absolutamente imposible, representando una pesada carga para el contribuyente. Por añadidura, esta situación proporciona a los ciudadanos una cadena de obstáculos enorme, que frena el crecimiento a quienes desarrollan una actividad. Un funcionario por cada 31 habitantes debería hacernos reflexionar, ya que nos encontramos en los primeros puestos del ranking europeo. Reflexionar y actuar, por supuesto. Es imprescindible racionalizar el gasto público.

Por si fuera poco, y con un siglo de retraso, nos metemos en inútiles debates sobre lo público y lo privado, cuando la tendencia de los países más avanzados es crear la máxima competencia para obtener los mejores resultados. De ahí que se esté introduciendo en muchos países el cheque escolar y el sanitario, para que los ciudadanos puedan elegir el centro que consideren más adecuado.

Renovar, no reformar, es el título del último libro de mi amigo José Carlos Francisco, lo que equivale a hacer de nuevo, a darle una vuelta a todo. Hemos perdido mucho tiempo, y las discusiones al respecto son inútiles. No tenemos recursos económicos para tremendo disparate. Nuestra situación económica actual es una oportunidad para regenerar lo que hemos ido deteriorando durante mucho tiempo. Y no me refiero exclusivamente al exceso de burocracia, sino también a una legislación desordenada que provoca duplicidades y triplicidades, que el poder político no tiene mucho empeño en cambiar, ya que es refugio de parientes y militantes de partido sin profesión ejercida. Sería injusto que metiéramos a todos los servidores públicos y todos los políticos bajo el manto de mi crítica, pues sin duda existen personas de intachable comportamiento que incluso comparten mi forma de pensar, pero desgraciadamente no son la mayoría.

También sería injusto no entender que la justicia necesita más recursos para aumentar su eficacia, al igual que la defensa nacional.

Por otra parte, necesitamos ciudadanos responsables y eso es un problema de educación de la que también escaseamos y que sería motivo de otro artículo.

Es imprescindible establecer límites en cuanto al empleo público y el aparato político, además de establecer sanciones personales para quien irresponsablemente los traspase.

La lista de organismos públicos es escalofriante, así como la multitud de instalaciones en poder para llevar a cabo sus funciones, le pone los pelos de punta hasta al más sereno. Esto constituye, por el contrario, la gran esperanza de los optimistas, pues si logramos racionalizar este disparate, nos vamos a ahorrar una tremenda cantidad de dinero y podremos bajar impuestos, permitiendo a la economía productiva utilizar mejor esos recursos.

Es conveniente saber que la economía privada y los presupuestos públicos son vasos comunicantes en lo que respecta a los recursos económicos, de manera que cuantos más recursos demandan los segundos, menos quedará disponible para la privada, que es la que crea la riqueza. Esa ha sido una de las principales causas de la falta de crédito a empresas y familias. Y por supuesto del amplio paro estructural que tenemos.

En cuanto a la inversión pública, ésta debe responder básicamente a criterios de rentabilidad económica y social, sin argucias que favorezcan a amigos, o que en el peor de los casos estén motivadas por enriquecimiento personal. Cada vez que se comete un error en esta dirección, los costes se arrastran a través de los años, presupuesto tras presupuesto, impidiendo con ello que ese dinero se dirija a necesidades reales.

Los sueldos en la economía privada bajaron al 76,9% en el 2012 desde el comienzo de la crisis. Este hecho nos ha situado en una posición más competitiva beneficiando las exportaciones. Sin embargo, el sector público solo ha bajado un 3% con lo que la losa pública se mantiene en la misma dimensión.

Ya terminando, tenemos la mala costumbre de valorar a los representantes parlamentarios por la cantidad de legislación que inducen a producir, no por la calidad de ésta. Por ese motivo, apelamos al sentido de la responsabilidad de esta sociedad que ha de exigir menos leyes y más claras, dejando evidente la intencionalidad del legislador, para evitar distintas interpretaciones y sobre todo exigir su cumplimiento. Las administraciones públicas más eficaces basan su acción en las inspecciones que velan por el cumplimiento de la ley y no en cantidad de papeles que no garantizan nada.

La OCDE y la UE hacen una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de legislar, pero para no cansarles solo voy a mencionar una: "Proporcionalidad, cualquier norma debe respetar el justo equilibrio entre las ventajas que ofrece y las limitaciones que impone; esto es, debe velarse por el equilibrio entre la carga que supone para los administrados y el objetivo o beneficio público perseguido con la norma".

Y por último, una actitud seria y responsable de los servidores públicos serviría de ejemplo a una sociedad que está lejos de respetar la necesaria función pública.

laprovincia.es en las Redes Sociales
Enlaces recomendados: Premios Cine