En los últimos cuatro años el Gobierno de Canarias ha explicado la progresivamente catastrófica gestión de las ayudas a la dependencia con el argumento de la falta de fondos financieros. Y no es un argumento falso, pero es un argumento insuficiente. La Ley de Dependencia de Rodríguez Zapatero no ha sido derogada, pero sí obliterada por los sucesivos machetazos en los presupuestos generales del Estado. El más brutal lo vivimos este año: de los 2.205 millones de 2013 a los 1.176 millones, una disminución de casi el 47%. Pero el Ejecutivo regional tiene sus propias responsabilidades, como pone de manifiesto el informe extraordinario que, sobre este asunto, ha enviado el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, al Parlamento de Canarias.
Antes de la buena nueva legislativa de Rodríguez Zapatero, la Comunidad canaria, como algunas otras autonomías, ya contaba con un programa sociosanitario de atención a la discapacidad, diseñado por el Gobierno regional con la colaboración de los cabildos insulares para el periodo 2005-2010. Este programa se ha prolongado aunque cada vez más deshilachado técnica y presupuestariamente y con atascos y fricciones derivadas de la necesidad, según establecía el programa, de conveniar actuaciones y recursos con los respectivos cabildos insulares. Cuando comienza la frustrada implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, a comienzos de 2007, la administración autonómica no hace nada. Probablemente no sabe lo que hacer: la flamante ley no dispone de ficha financiera y solo tendrá un respaldo presupuestario sustancial a partir de 2008. Lo ocurrido desde entonces es un ejemplo inmejorable de falta de conducción política, negligencia técnica y estupidez administrativa. En seis años, en brazos de una desidia repugnante, la Consejería de Asuntos Sociales ha sido incapaz de reordenar eficazmente las políticas asistenciales, maximizar recursos financieros disponibles, desarrollar los programas operativos de rigor (como el PIA) y acelerar trámites administrativos. Ciertamente el Gobierno de Rajoy ha asfixiado la ley de Dependencia, pero Inés Rojas y su equipo tienen una responsabilidad directa e insoslayable en la catástrofe y la humillación cotidianas que sufren miles de dependientes en Canarias. Entre otras cosas, solo Rojas y su equipo es la responsable del temor, la angustia y la zozobra de dependientes que llevan meses y meses -a veces hasta año y medio- esperando una respuesta a su solicitud. No puede escabullirse.
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