Los falsos demócratas que temen y le hurtan las consultas al pueblo, estén o no contempladas en la Constitución, son en realidad unos demócratas de pacotilla.
Apelar a la Constitución para negar un derecho fundamenta, como es consultar a la gente antes de tomar una decisión trascendental para sus vidas futuras, es de necios legalistas que anteponen el Código Penal al sentido común, el castigo por desobedecer al premio de la madurez, la pena legal a la alegría de participar en la vida pública.
A muchos políticos se les llena la boca con la palabra democracia sin saber exactamente qué significa. Retan a los ciudadanos para que se impliquen en la política, pero cuando alguien propone que lo hagan lo primero que hacen es recurrir a la ley para negarles ese derecho.
Uno empieza a estar harto a esas continuas apelaciones a la Constitución que hacen los padres de la patria para limitar las consultas o los referendos, sea el soberanista catalán o el petrolero canario. Muchos se olvidan que la Constitución, que es de 1978, no ha sido votada por la inmensa mayoría de los españoles que viven hoy.
Yo mismo, que por edad podría ser abuelo al tener hijos veinteañeros, y que llevo una vida laboral que me ha permitido cotizar más de treinta años a la Seguridad Social, no pude votar la Constitución española porque en 1978 aún no era mayor de edad, no había cumplido los 18 años.
Si los mismos políticos que defienden a muerte la Constitución (a veces da la impresión de que es su seguro de vida) también se partieran la cara por otros postulados de la ley de leyes, como que todos los españoles tenemos derecho a un trabajo y una vivienda digna, otro gallo nos cantaría.
