Aunque la mayoría de los ciudadanos canarios tardarán en percibir los resultados de la tan anunciada mejoría de la economía, ciertamente parece que vamos dejando atrás la recesión. Es previsible que este año volvamos a batir otro récord histórico de visitantes extranjeros (lo que más contribuye al PIB canario con creces). El canal privado en matriculaciones de vehículos incrementa sus cifras un 36,27% interanual en el primer trimestre; el índice del comercio al pormenor se prevé que habrá crecido más del 4% en el mismo periodo; y lo más importante: el paro, aunque tímidamente, desciende. Aunque soy muy crítico con las medidas que se están tomando desde la política y pese a los problemas sistémicos que sufre nuestra sociedad, como la baja formación o la deficiente iniciativa empresarial, todos terminaremos percibiendo que la economía empieza a despertar; ya se están notando los primeros síntomas.

En nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que el ayuntamiento quiere hacer más amable y más sostenible, empieza a haber cada vez más bullicio. Los comerciantes tienen algo más de demanda y la gente sale más a la calle. Como muy bien tiene cifrado el propio ayuntamiento, el 68% de los ciudadanos eligen el vehículo privado para sus desplazamientos. Según el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) la situación económica y las altas tasas de paro han disminuido un 63% los atascos de tráfico en las principales ciudades españolas desde 2010 y el número de horas perdidas por este motivo el año pasado se han quedado en 17 horas. La federación de importadores y concesionarios de Canarias estima que el tráfico ha bajado un 40% desde que empezó el ciclo de vacas flacas. Si tenemos en cuenta que la edad media de los vehículos que circulan por nuestra ciudad supera los 10 años, con lo que ello implica en términos de ruido y contaminación, todo apunta a que el tráfico que irá a la par con el crecimiento económico puede convertir esta ciudad en un lugar incómodo, poco sostenible y muy poco amable. Hasta aquí supongo que la mayoría de los políticos y técnicos del ayuntamiento coincidirán conmigo.

Donde se produce el gran desacuerdo es en la manera de evitar que el tráfico ahogue a los residentes, perjudique a los comerciantes y disuada a los visitantes que se consideran el derecho de disfrutar de los encantos que tiene esta ciudad. Aprovecho para insistir, como también insiste la concejalía de movilidad urbana, que para los recorridos por la ciudad en el 68% de las veces se utiliza el automóvil.

¿Qué está haciendo el ayuntamiento para evitar lo que nos viene encima?

Hay cosas que se están haciendo bien como la adaptación de las calles para personas con movilidad reducida. El aparcamiento planeado en el Rincón para los visitantes del exterior también es una buena iniciativa. Asimismo, destaco la pretensión de que el transporte público reduzca el tiempo de los desplazamientos con la formidable apuesta por el BRT o guaguas de alta capacidad, que circularán por vías específicas y compite con el vehículo privado.

Pero todo ello no evitará el intenso tráfico esperado. Al contrario, están peatonalizando vías de desahogo en arterias fundamentales que tenían la finalidad de aportarle fluidez al tráfico, reduciendo carriles que aligeraban la circulación y sacrificando aparcamientos que nos permitían acercarnos a zonas residenciales, de comercio y de ocio. No estoy en contra de ampliar las aceras o de promover el uso de la bicicleta, pero no a costa de atascos y complicando la circulación por vías que antes descongestionaban los tráficos. Estoy convencido de que si se planifica bien todos estos usos son perfectamente compatibles.

Están obligando a los automovilistas a pagar un oneroso peaje en forma de zona azul en contra de residentes y comerciantes. ¿Por qué se empeñan en sacarle dinero a los contribuyentes si persiguen que las pocas plazas de aparcamiento roten, cuando más sencillo y justo para todos sigue siendo la tarjeta rotatoria encima del salpicadero del coche que siempre se ha utilizado para declarar el tiempo de estacionamiento? Ya son tres los barrios que han recogido firmas para solidarizarse en contra de este abuso. Primero fueron los de La Isleta, después los residentes de la calle Perojo y por último hasta en Vegueta.

Paseando por las calles aledañas de Fernando Guanarteme (vial fundamental para el trasvase del tráfico del Puerto a la salida norte de la ciudad, que está en obras para el ensanche de aceras) no puedo evitar preguntarme si volverán los agentes municipales a perseguir a los vecinos con sabrosas multas por aparcar encima de las aceras.

Cuando proyectan la remodelación del Estadio Insular, ¿por qué no aprovechan y permiten que las personas puedan acercarse a disfrutar de este espacio con sus vehículos y desprecian las 500 plazas de aparcamiento que los arquitectos tenían previsto en el proyecto inicial? A fin de cuentas se encuentra en un barrio densamente poblado y cerca de una gran zona comercial.

La mayoría de los aparcamientos privados de la ciudad están en una situación económica precaria, por lo que a este paso, la solución a los males del intenso tráfico se les estará yendo de las manos.

¿Por qué no se utilizan los dineros gastados en la semipeatonalización de Mesa y López (tildada como despilfarro como recoge una encuesta a más de 100 comerciantes de la zona, publicada por LA PROVINCIA a finales del mes pasado) y en el cierre al tráfico de la calle Ruiz de Alba para arreglar el mal estado de las vías de circulación?

Ya sólo queda que impongan la tasa de entrada a los centros urbanos, según la recomendación del comité de expertos de la reforma fiscal, para complicar aún más el acceso a los vehículos de tracción mecánica. Aunque en ese caso, como propone el mencionado comité, dichas tasas deberán estar acompañadas de la existencia de aparcamientos...

En una democracia no es de recibo que la solución venga de la mano de la represión del uso del automóvil. Todos los esfuerzos de revitalizar las zonas de comercio y ocio, como la feria internacional del mar, el gran acuario, el museo naval, etc., serán en vano si siguen obstaculizando que las personas acudan con sus vehículos. La política municipal que sitúa al peatón en la cúspide de la movilidad urbana corre el riesgo de convertir los accesos en ratoneras. El plan general de ordenación ya valora hoy el desplazamiento por la ciudad en 757 millones de euros.

Sin embargo, animo al ayuntamiento a que siga denunciando la falta de sensibilidad del Gobierno autónomo ante la valiente apuesta del Cabildo de prefinanciar el tramo IV de la circunvalación (infraestructura que sobradamente ha demostrado la rentabilidad para los ciudadanos) o que exija que el organismo competente planifique la solución a las insufribles retenciones que se producen en la GC1, en Torre Las Palmas o en la Plaza América.

Sólo me queda solicitar al ayuntamiento que reúna un grupo de expertos en movilidad urbana sostenible no adscrito que contraste cifras y estudios para concluir cómo se puede crecer y enriquecer una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria sin perjudicar a sus ciudadanos y a actividades comerciales, aumentando nuestra calidad de vida.