Un día es la educación, otro la sanidad, otro los derechos de las mujeres. Nos están quitando todo y eso no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Agachamos la cabeza o nos unimos y luchamos?" Lo dijo la candidata del PSOE a las europeas Elena Valenciano en el mitin de este domingo en Andalucía. Frases muy parecidas se escuchaban hace unos días en las puertas de los colegios públicos Alcaravaneras e Iberia en Las Palmas de Gran Canaria. Las decían padres y madres de estudiantes que se habían enterado por LA PROVINCIA que la Consejería de Educación del Gobierno canario decidió dar un paso adelante en la privatización o desmantelamiento de los comedores escolares.

La Consejería de Educación había mandado una carta a la dirección de esos centros educativos preguntándoles si estaban de acuerdo con su plan de retirar las cuidadoras de esos centros escolares. Los consejos escolares mostraron su rechazo unánime, argumentaron que muchas familias no tienen recursos ni siquiera para pagar la cuota mínima de 27 euros. La propuesta del gobierno supondría pedirles a las familias que paguen 300 euros más cada curso por alumno. El director de Alcaravaneras, Antonio González, se enteró por este periódico de que la consejería iba a ejecutar su plan. Así funciona este gobierno canario que presume de promover una Ley de Transparencia y la participación ciudadana.

Dice la directora de Promoción Educativa, Georgina Molina, que "en esos colegios no hay alumnos con cuota cero y vamos a trasladar a las cuidadoras a otros centros con más familias necesitadas". Un dato falso, que demuestra que la consejería ha tomado la decisión sin tener toda la información. Pero aunque fuera cierto. Trasladan a las cuidadoras a centros "con más necesidad", la cantinela habitual de la derecha que intenta enfrentar a los pobres con los más pobres "te quito la prestación para darla a otros más pobres que tú".

Estamos hablando, en el caso del colegio Alcaravaneras, de un comedor escolar donde la mitad de las familias que lo usan pagan la cuota B (41 euros al mes), lo que significa que son familias con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales. Hay cuarenta familias que pagan la cuota C (27 euros) con ingresos de menos de 6.000 euros anuales. Y doce familias sin recursos que pagan cuota cero. Con estos datos ustedes pueden comprobar que estamos ante familias adineradas, sí señor. Aunque si con 6.000 euros anuales de ingresos son adineradas ¿cómo debe llamarse a la familia del consejero de Educación que él solito cobra 67.606 euros al año? ¿O a la del presidente Paulino Rivero que en los años del inicio de la crisis mantuvo su salario por encima de la media de los presidentes autonómicos?

La portavoz de la consejería dice que estamos ante "una redistribución y optimización de los recursos". El mismo discurso que emplea en la comunidad de Madrid el gobierno del PP (Pérez diría "la derechona") cuando privatiza la educación o la sanidad. En lugar de copiar al PP de Madrid, José Miguel Pérez podría mirar lo que hizo su compañera del PSOE en Euskadi la legislatura pasada, cuando abrieron un nuevo centro escolar (el CEIP Legarda en Munguía) pensaban poner un catering, los trabajadores le demostraron que salía más barato una cocina con personal público en el mismo centro escolar, y la consejera socialista Isabel Celaá decidió poner todo el comedor con personal público. En este asunto la gestión de José Miguel Pérez está más cerca de Aguirre que de Patxi López.

Aviso a los lectores que soy parte en este conflicto, soy padre de alumnos de las Alcaravaneras. Creo en la enseñanza pública y me siento obligado a defenderla frente a gestores que no creen en ella (la mayoría tiene a sus hijos en la privada). Aceptemos que José Miguel Pérez no tiene presupuesto para ayudar a mantener los comedores escolares semiprivados (la mayor parte de los gastos los pagamos los padres y madres con las cuotas). Vamos a darle una idea al consejero: en su departamento y en diferentes empresas públicas (ZEC, ITC, RTVC?) han sido contratados en esta legislatura políticos profesionales con carné del PSOE y CC que perdieron las elecciones y tienen que seguir viviendo de la sopa boba porque en estos tiempos ganar el pan con el sudor de tu frente es muy duro. En algunos casos los enchufaron con salarios superiores a los 3.000 euros en empresas públicas en las que han despedido a personal laboral mileurista. Propongo que haga un mini ERE de enchufados, y con los sueldos de solo cuatro de esos asesores o cargos inútiles (por ejemplo: Demetrio Suárez, director de Infraestructuras Educativas, cuando Pérez ha privatizado la construcción de colegios) podría para pagar los salarios de todas las cuidadoras de los comedores de Alcaravaneras e Iberia juntas. Como no tiene presupuesto este asesoramiento se lo hago al Excelentísimo consejero sin cobrarle un euro. De nada.