Sinforiano y Pilar deben entregar este miércoles las llaves de la casa en Arrecife de Lanzarote en la que llevan viviendo 55 años. Sinforiano tiene 90 años y Pilar 87. Su vivienda está en unos terrenos que eran de la iglesia católica. Pero en junio de 2006 la iglesia vendió por 360.000 euros a la empresa Iveco los terrenos en los que había seis viviendas habitadas. La empresa ha derribado dos casas y ahora quiere tirar abajo la de estos ancianos.

Han sido ocho años de infierno. No sabemos cuántas oraciones rezó el cura que firmó el contrato de compraventa, pero está claro que no surtieron efecto. Sí resultó más útil la publicación del drama en la prensa, porque cuando los medios se hicieron eco la empresa ofreció a Sinforiano y Pilar pagarles un alquiler en otra casa durante un máximo de dos años. Pero Sinforiano y Pilar no están para esos trotes, y gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han continuado su lucha.

Hace unos meses hubo una luz de esperanza. La noticia de un posible desahucio de dos ancianos de una casa que fue propiedad de la iglesia se publicó fuera de las Islas y eso chocaba con la defensa de los pobres del papa Francisco. El vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, empezó a rebuscar entre los muchos papeles de las propiedades de la iglesia y se encontró con el contrato que afectaba a las viviendas de Argana Alta.

Y, qué cosas, ocho años después descubre que el cura que firmó la operación había tenido compasión cristiana y había puesto una cláusula que obligaba a Iveco a dejar que las familias que habitaban esas viviendas finalizaran su vida terrenal en las casas. Se trataba de una cláusula en un contrato privado que conocían la empresa y la iglesia. El propio vicario reconoce que buscó los papeles "motivado por las noticias que aparecían continuamente en los medios de comunicación", que es como reconocer que a algunos los mueve más el marketing que los mandamientos de Dios.

Pero la fiesta duró poco porque una nueva resolución del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife ordena a Sinforiano y Pilar a entregar hoy las llaves de su casa. Si no lo hacen serán desahuciados entre el 1 y el 5 de septiembre, a cualquier hora podrán aparecer un cerrajero y una decena de policías y sacarlos de la vivienda. Esto ocurre en la isla de los doscientos imputados, de los 22 hoteles ilegales, en el municipio atracado por alcaldesa, concejales y cuñado real, en la Reserva de la Biosfera donde el antiguo fiscal y una diputada poseen chalés con orden de derribo, en la misma isla donde desaparecen cientos de folios de sumarios de casos de corrupción. Por una vez un juzgado se muestra diligente y aplica la ley de la tierra contra dos hijos de Dios abandonados por unos malos empleados del papa Francisco.

Pensaba escribir sobre el ascenso de José Miguel Pérez a los cielos de Ferraz tras su fructífera danza alrededor de la abeja reina Susana Díaz, pero el coronel Pérez ya tiene quien le escriba, y prefiero hablar de Sinforiano, Pilar y tanta gente al borde del abismo en esta comunidad líder en desempleo, en incumplimientos de Ley de Dependencia y otras cosas feas a pesar de que, como dicen los cronistas de la Corte, el coronel Pérez y su tropa tan de izquierdas se sentaron hace tres años en las poltronas con el loable fin de salvaguardar nuestros servicios públicos, frenar los desahucios y abrir comedores escolares sin personal. Como dirían los que vendieron la casa de Argana con Sinforiano y Pilar dentro: líbranos, Señor, del mal, Amén.