El Gobierno de Canarias se dispone a modificar una de las leyes claves de la legislatura que se encuentra en su recta final: la Ley de Renovación y Modernización Turística. Y lo hace tras poco más de un año de su aplicación y después de una evaluación a la que se comprometió ante la elevada contestación que precedió a su aprobación, en particular, desde la isla de Gran Canaria.

Hay que recordar que la actual ley turística entró en vigor en un momento "dulce" del turismo canario, que a partir de 2011 se reactivó como destino líder en el mercado mundial a consecuencia de la primavera árabe. Pero el éxito de estos años no puede ocultar la realidad del sector, el estado de estancamiento y pérdida de competitividad en el que ha ido cayendo en la última década. Año tras año, hemos asistido al paulatino deterioro de nuestras infraestructuras turísticas, tanto públicas como privadas, y a una manifiesta incapacidad de reinvención del destino. En 2009 se llegaron a encender las luces de alarma ante la significativa caída de los principales indicadores. Las cifras de hoy maquillan circunstancialmente un problema estructural, pero no evidencian en absoluto que se esté en vías de solucionarlo.

La ley del Gobierno tiene el mérito de haber convertido la renovación turística en una prioridad para todos, pero la servidumbre de entroncar con las moratorias. Estas supusieron un parón de la inversión en calidad y el freno a la posibilidad de dotar a Canarias de los nuevos productos que venían, y vienen, demandando los turistas del siglo XXI. Fundamentalmente dos: los hoteles de cuatro y cinco estrellas estilo resort y las villas residenciales. La actual ley persiste en el mismo error, porque parte de un diagnóstico equívoco pese a los resultados de los diez años de estancamiento del producto durante los años de moratoria. La tesis de la incompatibilidad entre los procesos de renovación y los de nueva construcción, cuando lo que son es precisamente complementarios, es el mayor error de la ley.

De la misma manera que es un error de sus detractores, los sectores más liberales del ámbito político y empresarial, reivindicar a estas alturas el laissez faire (dejen hacer), es decir, reproducir la dialéctica que tuvo lugar ante las moratorias. El debate ya no puede ser control sí o no, porque la falta de regulación de la actividad económica está en el corazón de la terrible crisis que nos ha colocado en las peores cifras de empleo de nuestra reciente historia. El debate ahora debe girar en torno a cómo debe regularse el sector turístico y cuál debe ser el alcance de esa regulación para hacer compatible su dinamización con nuevas inversiones de calidad, que nos permitan dotarnos de los nuevos productos turísticos que se demandan, sin consumir más suelo que el que ya está consolidado para este uso. Este es el único camino para que Canarias recupere competitividad y termine por fidelizar a los turistas prestados que, de no ser así, se desplazarán a otros destinos que les ofrezcan lo que buscan una vez se recuperen nuestros competidores del norte de África.

Estos son los retos de la reforma de la ley turística que el Gobierno va a realizar en breve y que, a diferencia de la norma originaria, se viene pactando desde hace meses con los principales representantes del sector. Este diálogo previo a la aprobación de las modificaciones es, sin duda, una buena señal, un primer paso para alcanzar el consenso que necesita el turismo canario.

De haber existido antes este consenso, los avances en la renovación habrían sido, sin duda, mejores que los que hoy puede presentar en el Gobierno de Canarias en su evaluación. Y aunque ésta peque de excesivo triunfalismo, las propuestas de mejora que contiene el documento que el Ejecutivo tramitará en el Parlamento, apuntan en la dirección adecuada: flexibilizar los criterios para la construcción de nuevos alojamientos de calidad. Lo de menos es el calificativo jurídico con el que se le denomine (cuatro estrellas o parámetros de calidad vinculados a los valores ambientales y la creación de empleo a través de los servicios complementarios). Lo fundamental es que permitan al sector dotarse de los nuevos productos más demandados que saquen al destino Islas Canarias del largo letargo de esta última década.

La Ley de Renovación y Mejora Turística de Canarias es una legislación demasiado importante porque coge al Archipiélago en el escenario que acabamos de describir: un momento que nos brinda una nueva oportunidad histórica de recuperar liderazgo en el mercado turístico mundial. Sería imperdonable no saber aprovecharlo, y una de las herramientas para hacerlo es contar con una ley que responda, ahora sí, a las necesidades de Canarias en general y a las especificidades turísticas de cada una de sus islas.