A igualdad de bienes a heredar, un canario paga hasta 73 veces más que un madrileño. En otras diez autonomías tributan también mucho menos que aquí. El ejemplo resulta menos oneroso que el caso madrileño, pero es igual de revelador. En este rompecabezas fiscal en que se ha convertido el territorio español, hay comunidades en las que se llega a pagar hasta 130 veces más por una herencia que en otras.

Para muchos afectados, con el impuesto de sucesiones estamos ante un verdadero "atraco" legal. No es una figura retórica o exagerada a tenor de lo desproporcionado que se ha vuelto este tributo. Ningún gravamen adquiere un carácter tan injusto como éste, que desuella a las familias a la hora de recibir los ahorros de una vida de esfuerzo, ahorros por los cuales, además, ya tributaron quienes los generaron.

La arbitrariedad regulatoria en las autonomías no es solo fiscal, desgraciadamente. Las hay que ofrecen vacunas que en otras no existen, como si los virus tuvieran la virtud de detenerse en la punta de La Isleta o fueran dañinos en función del territorio. Otras que ponen en marcha "cheques bebé" de hasta 1.400 euros, como hizo hace unos meses Extremadura, o que invierten lo que nos exprimen en subsidios de nulo rendimiento o en falsos expedientes de regulación de empleo para vegetar de balde.

Canarias ha hecho aumentos selectivos de algunos impuestos, pero en algunos casos, como el que nos ocupa de sucesiones, está en clara desventaja con respecto a otras regiones. Los españoles no somos iguales desde que las autonomías decidieron emprender una loca e irracional subasta para competir entre sí y para emular al Estado con el ánimo de convertirse en intocables feudos con mando en plaza.

Cada autonomía debe ser libre de pedir a sus ciudadanos más impuestos si considera prioritario afrontar un gasto mayor en su territorio, pero es evidente que los tipos han tocado techo y el desbarajuste ha llegado a tal extremo que urge cierta convergencia para armonizar lo que en estos momentos resulta escandalosamente desigual. En el caso de las Islas habría que diferenciarse, a la baja, en consonancia con las singularidades de nuestro régimen especial.

También en sanidad, en educación o en financiación empiezan a establecerse diferencias considerables. Pero si hay una situación en la que las desigualdades rayan la irracionalidad más injusta, ésa es la que propicia el impuesto de sucesiones.

Estamos ante uno de los escasos tributos de rango estatal cedidos íntegramente a las comunidades. Cada una lo maneja a capricho y, como era de prever, han acabado por convertirlo en la fuente más escandalosa de agravio entre los ciudadanos. Hasta el punto de dividir el conjunto del país en dos grupos. En uno están los que prácticamente eximen a los hijos, padres o cónyuges de cargas tributarias por herencias. Ahí se encuentran Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Valencia. Y en el otro, las demás, entre ellas Canarias, que han optado por supresiones o bonificaciones parciales y acotadas a herencias modestas.

El impuesto de sucesiones es el único que no entiende de crisis. Navegue bien o mal la economía, las personas fallecen y la autonomía hace caja. Los contribuyentes ni se imaginan la ingrata tesitura a la que van a tener que enfrentarse con la Administración cuando pierdan a un familiar. Añadan después las plusvalías, los gastos de notaría, el registrador, el abogado... la maquinaria administrativa mueve sus engranajes de manera inmisericorde para esquilmar a los de siempre.

Las autonomías llegaron a recaudar más de 10.000 millones de euros cada ejercicio con el urbanismo. Ayunas de viviendas, ahora ponen sus inmensos aparatos a rebuscar en los bolsillos de la gente. Con la actualización de los valores catastrales o los rastreos de todo tipo de mejoras en fincas e inmuebles para incrementar el recibo del IBI, por ejemplo, que trae estos meses de cabeza a miles de canarios.

Si todos los impuestos generan controversia, el de sucesiones se lleva la palma. En países tan avanzados como Suecia carece de un peso significativo, y Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido recaudan porcentualmente por debajo de España.

Una herencia no puede asimilarse a una lotería, un bien sobrevenido que enriquece al titular aunque suponga un incremento de renta no ganado. Los herederos ya quisieran verse gravados sólo con el 20% que corresponde a los afortunados del Gordo.

Hablamos de dinero, acciones, fincas o inmuebles por los que ya se ha tributado durante años y que cambian de manos para seguir cotizando. A veces, incluso de empresas que ven comprometida su continuidad por una carga inasumible, supuestamente redistribuidora, al carecer los descendientes de liquidez. Las renuncias son hoy comunes por esta causa, y también por la necesidad de endeudarse. De hecho, en las Islas, el año pasado se dispararon las renuncias a recibir una herencia. De los bienes a recibir no hay forma de disponer hasta zanjar cuentas con el fisco. El proceso puede convertirse en un verdadero calvario. Hacienda, en cambio, contabiliza presto la recaudación para ajustar sus cuentas.

"Que pague quien tiene", argumentan los demagogos. No son precisamente los adinerados quienes sufren las consecuencias, sino la clase media ahorradora, carente de recursos legales para constituir fundaciones o pantallas con las que eludir el trámite o la oportunidad de trasladar su domicilio a las regiones exentas.

Todo el mundo da por hecho que los españoles deben recibir una asistencia sanitaria de calidad en condiciones equivalentes con independencia del lugar donde residan. Por las mismas, a semejanza de ingresos también debería tocarles un esfuerzo idéntico con el erario, mueran donde mueran o tengan su hogar donde les plazca. Cualquier disimilitud, salvo las derivadas de la insularidad, la lejanía y la fragmentación que padece Canarias, rompe la equidad que establece la Constitución. Únicamente el afán recaudador, el dogmatismo o los prejuicios ideológicos hacen posible mantener esta afrenta. Es hora de que el Gobierno de Canarias -como apuntó el jueves el presidente Paulino Rivero en el foro organizado por este periódico- revise la situación y merme la presión fiscal en el impuesto de sucesiones.