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Desde la distancia

Venezuela: ¿qué democracia encarcela a la oposición?

Durante muchos años he mantenido un contacto personal intenso con Venezuela y un interés muy vivo por su historia reciente.

Como muchos españoles, profeso enorme afecto y respeto por el pueblo venezolano. Y además, como canario, tengo un conocimiento directo de una tierra en la que residen, al menos, quinientos mil ciudadanos originarios de la mía. Ciudadanos de origen canario censados en Venezuela, y ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales han readquirido la nacionalidad española por medio de los convenios de doble nacionalidad, entre ellos buena parte de mi propia familia (los hermanos de mi madre, tíos, tías, primos y primas y sus descendientes).

He estado presente en vivo y en directo en más de un proceso electoral en Venezuela. Ejercí de observador electoral la noche del 6 de diciembre de 1998 en que Hugo Chávez logró ganar abrumadoramente, con una mayoría clara en las urnas, su primera presidencia.

En atención a todo esto no solamente no me sumo a ninguna causa general contra Venezuela, sino que tampoco discuto la legitimidad de las sucesivas victorias electorales del presidente Chávez, en su momento, y posteriormente, hasta ahora, de Nicolás Maduro.

Ahora bien, como socialista europeo, como demócrata y como constitucionalista consciente de la importancia crucial del respeto a los principios que merezcan ese nombre, aprendí hace mucho tiempo que no es verdad, nunca lo ha sido, que la democracia consista en el gobierno de la mayoría, sin más.

No. La democracia exige respeto por las minorías y la garantía y tutela de la función legítima de la oposición política. Y digo más: la democracia no permite ni perseguir minorías ni aplastar la oposición, ni acosarla, hostigarla, amenazarla o forzarla a la inanidad, al exilio o a la cárcel, practicando impunemente detenciones arbitrarias contra los candidatos rivales u opositores políticos. Antes bien, la democracia exige incluso consagrar la soberanía del individuo cuando te lleva la contraria, cuando se expresa libremente, cuando se reúne, se asocia y cuando se manifiesta públicamente contra tu Gobierno democráticamente elegido.

Por eso expreso mi firme protesta, como lo he hecho en estos mismos términos varias veces en el Parlamento Europeo durante los últimos meses, ante sucesivos casos de aplastamiento de la oposición política. Como el de las manifestaciones reprimidas a través del uso de armas de fuego, que se llevan por delante, por ejemplo, la vida de un joven de 14 años...

Y expreso mi rechazo también ante las detenciones arbitrarias, calificadas como tales por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Es el caso de la detención arbitraria de Leopoldo López, sometido a la jurisdicción militar, y encerrado desde hace un año en una cárcel militar -Ramo Verde- en un régimen de incomunicación que no tiene razón de ser. Y es el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Tiene que cesar ese uso sistemático de la represión y de la persecución penal contra los oponentes por parte del gobierno venezolano. Tiene que cesar ese uso sistemático de la detención arbitraria contra los opositores políticos.

Dicho esto, es cierto también que los actores políticos y sociales de Venezuela deben implicarse en un diálogo constructivo. Pero ello exige cuanto antes la cesación de toda violencia y el emprendimiento de un diálogo que ponga paz y permita la expresión del derecho de reunión y de manifestación pacífica.

También el hostigamiento a la prensa es dramático y creciente. Más de un 34% de los periodistas declaran haber sido objeto de la censura estatal. Son muchos profesionales los que tratan de hallar refugio en los pocos espacios libres que les ofrece internet. No es necesario recordar la fundamental importancia y contribución de la prensa en una sociedad democrática. Sin embargo, son muchos los que hoy tienen miedo en Venezuela a escribir lo que piensan.

Capítulo aparte merece el principio de separación de poderes del Estado. Resulta imperioso afrontar la pavorosa desjudicialización de la justicia en Venezuela; la misma que mantiene a Leopoldo López en una prisión militar en una causa que en ningún modo debería estar sometida a la jurisdicción militar.

Las instituciones de integración regional en América Latina tienen que superar la necesidad de reafirmación individual en la que se mueven muchos de sus países, articulando una voz que contribuya a la buena Gobernanza de la región. La atonía de la OEA es clamorosa, y ninguna de las demás organizaciones de integración parece estar capacitada para suplir esta falta.

Ante este estado de cosas, merece reseña una cita del ensayista Moisés Naím. En su artículo "Postales desde Venezuela" nos enseña que el verdadero conflicto que divide en estos momentos el país no es el que enfrenta a los "defensores del capitalismo" con los defensores del socialismo, sino a quienes defienden la violencia como herramienta política y la persecución arbitraria de los opositores y a quienes están dispuestos a sacrificarse por impedirlo.

(*) Eurodiputado socialista

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