El juez José Castro se enfrentó a la suma de instituciones del Estado, para sentar a Cristina de Borbón en el banquillo del caso Infanta. La justicia prevaleció frente a la conjura de la Fiscalía General del Gobierno, la Abogacía del Gobierno, la Agencia Tributaria del Gobierno y La Zarzuela. El fiscal Pedro Horrach ejerció de ariete, para soslayar un procesamiento evidente desde el propio enunciado del escándalo. En su escrito frontal contra el magistrado, el representante de Anticorrupción acusaba al instructor de ser el primer juez en la historia que desoía los informes presuntamente asépticos de Hacienda. Pues bien, puede discutirse si Castro estaba equivocado, pero ya no está solo.
El magistrado Pablo Ruz se ha enfrentado a la parcialidad de la Agencia Tributaria en otro escándalo del PP, porque a menudo se olvida la etiqueta política inseparable del caso Infanta. La Hacienda partidista de Montoro se negó a calcular las cuotas que pudo defraudar su partido en las donaciones en negro de la caja B popular, administrada por Bárcenas. El magistrado atribuye motivos "infundados y contradictorios" a la máxima institución de gestión de tributos, con un lenguaje desenfadado que a un contribuyente de a pie le costaría un disgusto. Vierte la acusación más grave imaginable, al detectar una diferente vara de medir "en supuestos similares" que no afectaban directamente al partido en el gobierno. Por ponerlo en el lenguaje de Anticorrupción, se convierte en el segundo juez de la historia de España que se opone a una decisión técnica en teoría de la Agencia Tributaria. Un ejemplo más, y ya podrá hablarse de una tendencia, así como de la administración fiscal más contaminada ideológicamente en la historia de la democracia.
Hay un tercer ejemplo, pero del revés. Según se ha anotado, los acusadores mejor acreditados se encabritan ante la hipótesis de que un juez rechace los dictámenes inapelables de una institución económica de ámbito global. Sin embargo, la fiscalía se ha plantado con descaro ante el doble peritaje del Banco de España sobre la vergonzosa gestión de Rodrigo Rato en Caja Madrid / Bankia. Alineado quizás no sorprendentemente en la estela del PP/PSOE, el ministerio público ha desplegado la artillería para desacreditar a expertos que desnudaron el mayor agravio pecuniario jamás sustanciado contra los contribuyentes. Es decir, las instituciones económicas son infalibles cuando coinciden con el Gobierno, y yerran cuando sus números apuntan en sentido contrario.
La catarata de disensiones conducirá a los bienintencionados a reclamar la restauración de la sacrosanta confianza, a veces disfrazada de lealtad institucional. Sin embargo, el problema surge precisamente de haber depositado un exceso de crédito en instancias viciadas que lo dilapidaron. No se necesita tanto un Podemos que restaure fraterni-dades utópicas, como un Desconfiamos que aliente la crítica estimulante. Sin ir más lejos, se trata de devolver el celo de la Agencia Tributaria contra Monedero a la misma Hacienda, cuando permitía que Francisco Correa no hiciera declaración de la renta durante años, que a Díaz Ferrán le saliera a devolver o que la sociedad Aizoon de Cristina de Borbón y su marido fuera invisible para el fisco.
Si no aparece Desconfiamos, proseguirá gobernando el antidemocrático Tememos. El manifiesto más eficaz a favor de la reticencia, como fermento de la Constitución, figura precisamente en una sentencia del Supremo. En el voto particular del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez contra la aristocrática doctrina Botín/Borbón que destierra la acusación popular, se lee que "el modelo de Estado constitucional de derecho, al que responde el español actual, no parte de un (a mi juicio inexistente) principio de confianza en las instituciones sino, al contrario, de un sano principio de desconfianza frente a todo ejercicio de poder, patente en la previsión de un complejo sistema de controles; en la articulada oposición de toda una serie de dispositivos de garantía junto / frente a las distintas expresiones de aquél". La crisis estatal unánimemente admitida no se basa en el escepticismo corrosivo inoculado a una población descreída, sino en la aceptación apacible. Hay que recuperar la desconfianza en las instituciones, ya sean la Agencia Tributaria de Montoro o el Ejército de Morenés.
