15 de marzo de 2015
15.03.2015
Editorial

Un plan urgente para Urgencias

14.03.2015 | 22:12

La defensa de la sostenibilidad del sistema público sanitario y la existencia de reiterados cuellos de botella en los servicios de urgencia de los hospitales canarios resulta, a todas luces, una cohabitación harto difícil de mantener. La aplicación de un programa de ahorro con ajustes de plantilla, reducción de camas y cierre de plantas, no puede poner en peligro la asistencia médica digna y de calidad, ni tampoco obviar el artículo 43 de la Constitución de 1978 en lo que se refiere a la protección médica y a la competencia de los poderes públicos para "organizar y tutelar la salud". El mandamiento de la Carta Magna, las quejas de los usuarios y la huelga que se mantiene una semana más en Urgencias del Hospital Insular en demanda de más personal son motivos más que suficientes para que la Consejería de Sanidad eleve al máximo rango y asuma como un reto ineludible y urgente el conflicto en Urgencias.

El departamento que dirige la consejera Brígida Mendoza ha reconocido en el Parlamento de Canarias que nuestros hospitales de referencia, entre ellos el Insular y el Negrín, afrontan la presión asistencial como consecuencia de unos cambios demográficos provocados por el envejecimiento de la población, el abandono de hábitos saludables por el alto desempleo, los recortes en las ayudas a la dependencia y el incremento de pacientes sin cobertura sanitaria gratuita y universal, que afecta a los parados sin prestación no inscritos en las listas de empleo. Estos argumentos, aunque no faltos de razón, resultan insuficientes para los representantes de UGT, central promotora de los paros del Insular, o para el Sindicato de Médicos, el colectivo de enfermeros de Satse y el Colegio de Médicos de Las Palmas.

Los convocantes de las protestas -médicos y personal sanitario- culpan a la Consejería de Sanidad de carecer de un plan para atender de forma óptima los llamados picos asistenciales, impulsados por el incremento de los casos de gripe o por los efectos de la calima en mayores y niños, casos que se agravan con los pacientes crónicos que entran en las urgencias hospitalarias. De las actuaciones últimas de la Consejería, con un aumento improvisado de camas y la adjudicación a toda prisa de obras para ampliar espacios de urgencias, se desprende que hasta ahora se carecía de una estrategia marcada, de un plan para afrontar el colapso en los servicios de Urgencias. Una deducción aplicable, asimismo, a la inexistencia de un programa flexible de plantillas capaz de afrontar los colapsos por sobrecarga asistencial.

El Club LA PROVINCIA acogió esta semana la celebración de un debate sobre la situación de Urgencias, durante el cual la directora general del Servicio Canario de Salud y los portavoces del sindicato de médicos, de enfermería y el Colegio Oficial expusieron, en ocasiones con planteamientos dispares, planes y proyectos en los cuales, por un lado, el médico no acabe con el denominado "síndrome del quemado" ni el paciente afectado por las deficiencias en la atención primaria y asistencia especializada. Hubo una unanimidad que tiene como soporte principal la conciencia de que se está ante un ámbito -la atención sanitaria- de alta sensibilidad, que debiera mantenerse ajena a la campaña electoral.

Una aceptación general, en todo caso, que no puede acallar la incredulidad que desata el empeño de la Consejería de recurrir una y otra vez a los estándares europeos por paciente para justificar que hay una plantilla óptima, o que el tiempo que está el enfermo en el servicio de urgencias encaja dentro de los baremos demandados por los organismos internacionales. Utilizar estos instrumentos de medición conlleva, en principio, un cierto tufo tecnocrático, y en segundo lugar un ejercicio de pérdida de tiempo nutrido por el mismo día a día de la realidad hospitalaria que desbarata las macrocifras oficiales de la Consejería.

Tampoco pueden obviar los profesionales la trascendencia, al menos para encontrar una respuesta rápida y eficaz, de las modificaciones en la estructura socio-económica que se vive en Canarias, similares a las de otras autonomías españolas, pero con unas peculiaridades derivadas de la disgregación insular. Sólo basta poner el foco en los efectos de la crisis en la atención familiar de un grupo importante de mayores, cuyos padecimientos multiorgánicos les llevan a convertirse en pacientes cíclicos de las urgencias hospitalarias. Para estos pacientes con dolencias crónicas, la Consejería de Sanidad ha anunciado un ambicioso programa de actuación, un plan destinado a atender a estos pacientes crónicos que no entran ni salen del sistema, sino que se quedan, en un circuito que implique desde la atención en domicilio a la asistencia especializada y que desatasque Urgencias. La atención de los crónicos no sólo puede llegar a colapsar en un determinado momento las urgencias, sino también el estado emocional y funcional de una familia carente de medios económicos para atenderlos.

El reto para los gestores de la sanidad pública es enorme. Algunos de nuestros hospitales se han quedado obsoletos para las nuevas demandas; los edificios y su disposición arquitectónica necesitan una readaptación y la localización geográfica de los mismos entra en contradicción con los núcleos donde se concentra el crecimiento poblacional a lo que se suma la inercia del usuario de acudir a urgencias para recibir una atención completa y la saturación de consultas en centros de salud y especialización. Y por encima de ello, el mantra de la sostenibilidad del sistema público, con críticos frentes abiertos, y presionado de una forma intensa por una sanidad privada cada vez más exigente en calidad y dispuesta a ofrecer una asistencia que los hospitales públicos no pueden digerir. El colapso de urgencias, no cabe duda, es un excelente banco de pruebas para saber hasta qué punto se pueden aunar voluntades, más allá del exhibicionismo electoral, el alarmismo y los intereses corporativos.

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