Tan grande es la crisis que incluso en el Palacio Real acaba de producirse un despido, aunque no sea exactamente el que desearían los republicanos. El empleado al que acaban de darle la boleta es Carlos García Revenga, un secretario de infantas que ahora reclama una indemnización por sus más de veinte años de servicio a la Familia.
A Revenga le pasa más o menos lo que a ese funcionario finlandés de Hacienda que murió la pasada semana en su puesto de trabajo. Así, muerto y sin mover un músculo -como tienen por costumbre los cadáveres- permaneció durante dos largos días hasta que sus compañeros cayeron en la cuenta de que no es que no trabajase: es que ya no estaba en el censo de vivos. Se conoce que el hombre era muy discreto en la faena.
Igualmente reservado en su trabajo, Revenga ejercía como secretario de las infantas de España que, tras correr el escalafón con el nuevo rey, ya no se llaman Elena y Cristina, sino Leonor y Sofía. El cambio de situación le ha dejado sin damas a las que acompañar y sin puesto en la empresa. Razón suficiente, sin duda, para que el secretario ya sin secretos reclame la indemnización que sus patrones le niegan.
Para su desgracia, Revenga gozaba -y padecía- de un empleo atípico que al parecer lo deja al margen de la legislación laboral ordinaria. Tan ordinaria en todos los sentidos que acaso no valga para los empleados de la realeza, según opinan algunos expertos en estas cuestiones.
Es natural. Las funciones del secretario de las infantas evocan más bien la de los antiguos ayos que se ocupaban de custodiar niños o jóvenes en las casas de principalía. A esos quehaceres de tutela se añadían en el caso de Revenga los de acompañamiento y consejo a las infantas. Lo mismo compartía vacaciones con su patrona Elena que aceptaba ejercer de tesorero en el Instituto Nóos, que tan famosos ha hecho a Iñaki Urdangarín y a su esposa, la infanta Cristina.
Dicen quienes saben de estos asuntos del infantado que, a fuerza de escuchar confidencias y dar consejos, el secretario acabó por formar parte informal de la Familia. Fácil es entender que, más que despedido, Revenga se sienta como si lo hubieran echado de casa. Veinte años de dedicación como chevalier servant de dos damas no pueden despacharse con una fría y burocrática papela para el Inem: y encima, sin liquidación.
Estos son anacronismos propios de la institución monárquica, que junto a indudables ventajas, tiene también sus gajes para quienes dependen de una em-presa tan peculiar. El secretario destituido maldecirá tal vez ahora el día en que aceptó llevar su cercanía a la Familia hasta el extremo de vincularse a alguna de sus desventuradas aventuras empresariales.
Mal le sabrá que las teles y los papeles hayan relacionado su nombre con los enjuagues del caso Urdangarín; pero aún más agravioso podría parecerle el hecho de que sus servicios a la Corona no sean recompensados al menos con una indemniza-ción como la de cualquier otro currante.
Si el Derecho laboral no contempla estos asuntos, lo lógico sería que el propio rey (ya sea Felipe VI o el emérito Juan Carlos I) pagase de su bolsillo una compensación adecuada a su fiel servidor. Se trataría de un gesto de largueza real que nada habría de costar al que lo ejerciese. A fin de cuentas, el dinero sale exactamente del mismo sitio.
