Pedro Sánchez se ha comprometido a restablecer la imagen del PSOE tomando decisiones y adquiriendo compromisos políticos de claro contenido ideológico, como fue nada más llegar a la secretaria general la decisión adoptada para que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo no votara al candidato de la derecha Jean-Claude Juncker para presidir la Comisión, ni tampoco a Arias Cañete como comisario europeo. Realizó declaraciones en las que se comprometía en caso de llegar a la presidencia del gobierno a derogar la actual reforma laboral, modificar el artículo 135 de la Constitución para blindar los servicios sociales, denunciar el concordato suscrito con el Vaticano y que la iglesia pague las correspondientes contribuciones por todos los bienes que acumula. También manifestó que en caso de salir aprobada derogaría la ley antiaborto de Ruiz Gallardón.
Presentó y puso en funcionamiento un código ético que obliga en su cumplimiento a todos los militantes, especialmente a quienes tienen cargos orgánicos y sobre todo institucionales. En ese sentido el PSOE, a diferencia de otras organizaciones políticas (PP e IU), empresariales y sindicales, reaccionó de inmediato al conocerse lo que venía ocurriendo con las tarjetas black de Caja Madrid, expulsando del Partido a los afilados que estaban involucrados, incluido al exministro Virgilio Zapatero.
Sin embargo se dejó llevar por el dramatismo y los impactos causados por los atentados yihadistas, fundamentalmente el perpetrado en las instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo en París con el resultado de doce personas asesinadas. No supo esquivar el señuelo (en estos casos y para quedar bien se suele utilizar el término política de estado), o iniciativa del presidente Rajoy y le firmó irresponsablemente un "cheque en blanco" en la ley antiterrorista contra el yihadismo, que contempla la posibilidad de juzgar determinadas conductas como terrorismo y la aplicación de la cadena perpetua, que si llega a la Moncloa se compromete a derogar.
Preocupado por la imagen de eficacia, transparencia y honestidad que en todo momento debe dar el PSOE, de cara a los próximos comicios electorales autonómicos y municipales, ha empezado a vetar a determinados candidatos que en ese aspecto no reúnen los perfiles adecuados, el más destacado hasta ahora ha sido Tomás Gómez, quien mediante un paripé de primarias estaba previsto que fuera el candidato por la Comunidad de Madrid. Creo que la apuesta por el exministro de educación Ángel Gabilondo ha sido acertada, ya que refuerza e incrementa las posibilidades del Partido Socialista en esa comunidad. Hasta ahora no le ha temblado el pulso para apartar de la carrera electoral a determinados candidatos incluidos algunos aquí en Canarias, siendo el caso más significativo el de Casimiro Curbelo, presidente desde hace 23 años del Cabildo de la Gomera.
Pero el verdadero test que de verdad le daría a Pedro Sánchez reconocimiento y prestigio, es el de hacerle frente con todas las consecuencias a la situación que se ha creado en Andalucía con el problema de los ERE y cursos de formación, que dotados de grandes presupuestos, en muchos casos no han sido bien administrados y distribuidos, habiéndose originado con los mismos malversación y desfalco. Esta comunidad autónoma ha estado desde las primeras elecciones autonómicas gobernada ininterrumpidamente por el PSOE, encontrándose imputados sus dos últimos (antes de la actual presidenta Susana Díaz) presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes aunque no tengan responsabilidades penales (lo más probable), pero sí las tienen políticas
Pedro Sánchez y Susana Díaz han manifestado que serían implacables con los militantes que en sus funciones hayan deteriorado la imagen del Partido, algo evidente que al menos por pasividad ocurría en los casos de Chaves y Griñan. Si de verdad quieren que les crean tienen que conjuntamente adoptar las medidas correctoras necesarias y que demanda la sociedad y en vista de que ellos no lo hacen voluntariamente sin importarles el daño que están causando al PSOE, deberían apartarles de sus cargos institucionales (más que amortizados) como diputado y senador respectivamente.
Aunque no está tipificado como ilegal pero sí es inmoral aprovechar el cargo político como ha ocurrido con algunas compañeras y compañeros, para mediante las puertas giratorias pasar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas que eran públicas y muchas prestaban servicios esenciales: luz, agua, transporte etc? y se han privatizado. De entre todos los implicados está Felipe González y empezando por él, pero haciéndolo extensivo a quienes estén en su misma situación, Pedro Sánchez les debe exigir que dimitan de esos cargos o de lo contrario cesarían como militantes socialistas, en la seguridad que de hacerlo reforzaría su liderazgo y le daría más credibilidad al PSOE.
