No se cansan los autoproclamados liberales de cantar las excelencias de los conciertos público-privados en la prestación de servicios públicos: desde la sanidad y la enseñanza hasta las infraestructuras.
El problema es que, a la vista de tantos casos de corrupción como han estallado en los últimos años en Madrid, en Valencia y tantos otros lugares, se trata simplemente del reparto del pastel de lo público entre los "amiguetes".
Se justifica muchas veces esa fórmula, aplicada ya en otras partes, sobre todo en el mundo anglosajón, siempre pionero en cosas del dinero, por la mayor eficacia y capacidad de gestión que atribuyen sus partidarios al sector privado frente al público.
Explican ésos que, al asumir riesgos, la empresa privada estará siempre más vigilante y procurará que no se produzcan desvíos o despilfarros, vicios que, según ellos, parece llevar lo público en su ADN.
Y, sin embargo, la experiencia también de otros países, desde el Reino Unido hasta Canadá, demuestra que en cuanto se produce algún problema o en cuanto la empresa privada no encuentra la rentabilidad esperada, toma las de Villadiego y al final es siempre el sector público quien debe hacerse cargo de la factura.
Ya lo dijo el premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz: se trata de un sistema en el que "el sector público asume todos los riesgos mientras que la empresa privada se lleva todos los beneficios".
El riesgo no puede transferirse en ningún caso totalmente al sector privado porque al final será siempre el Estado el responsable de garantizar la prestación de unos servicios que no pueden esperar en ningún caso.
Con frecuencia se justifica el recurso a lo privado para financiar proyectos públicos por necesidades presupuestarias del momento, pero como dice el refrán: Pan para hoy, hambre para mañana.
La desregulación financiera y la abundancia de liquidez facilitaron el que el sector privado pudiera conseguir en el pasado dinero barato para acometer esos proyectos.
Pero eso ya no es siquiera cierto en este momento: ahora los poderes públicos pueden acceder a créditos en condiciones mucho más ventajosas que el sector privado.
Les es más rentable asumir directamente los costos en lugar de dejar que lo hagan otros y terminar pagando mucho más, como suele ocurrir.
O si no, que se lo pregunten a los londinenses, que vieron cómo la empresa contratada para ocuparse del mantenimiento de la red de metro en régimen público-privado acabó en quiebra por culpa de una gestión desastrosa, lo que costó cientos de millones de libras a los contribuyentes.
El problema es que nuestros liberales pretenden estar en la vanguardia cuando en otros países ya se está de vuelta de ese tipo de experimentos.
