Hace apenas dos meses, se aprobó en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, una de cuyas aportaciones más notables se traduce en el reconocimiento de los menores como víctimas de la violencia de género. Su principio rector reside en incorporar la defensa del interés superior del menor como base interpretativa del derecho sustantivo y procedimental, siguiendo así la recomendación expresa de la Organización de las Naciones Unidas establecida en el año 2013. El objetivo principal de la nueva regulación es garantizar su protección especial y responder a las actuales necesidades de los niños y de los adolescentes españoles. Para ello, se prevé la modificación de normas tales como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Adopción Internacional, entre otras.
La futura norma establece un nuevo marco de derechos de los menores y presta una atención específica a los grupos sociales más vulnerables, como los integrados por extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados y discapacitados. Dicha reforma incluye asimismo un catálogo de deberes en las esferas familiar, escolar y social, contemplándose actitudes como el respeto a los padres, hermanos y profesores, y a la dignidad, integridad e intimidad de las personas con las que se relacionen. El conocimiento de estas dos caras de la misma moneda (derechos y deberes) se implantará a través del sistema educativo, recogiéndose de forma expresa la necesidad de impedir el fenómeno del acoso escolar, cuya alta incidencia se considera extremadamente preocupante.
Otro punto relevante se centra en la salvaguarda de niños y adolescentes frente a los abusos sexuales (3.364 afectados en 2013), requiriéndose para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con ellos no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, la trata y la explotación. Además, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de hechos de este tenor estará obligado a ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal. También se definen las situaciones de desamparo que darán lugar a la retirada de la tutela, como el abandono, el riesgo para la vida, salud o integridad física, la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.
Capítulo aparte merece la agilización y simplificación de los trámites de adopción y acogimiento, con el fin de favorecer que los pequeños permanezcan con una familia y tengan acceso también a sus orígenes y al contacto con sus parientes biológicos. Primará la opción familiar frente a la residencial, la estable frente a la temporal y la consensuada frente a la impuesta.
Pero el objetivo prioritario de este proyecto legislativo consiste en prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia, reconociendo por primera vez a los menores su condición de víctimas de la violencia de género y obligando a los jueces a pronunciarse sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, previendo que puedan permanecer en compañía de sus madres. A este respecto, si siempre es responsabilidad de los adultos defender los derechos de los niños de acuerdo a su bienestar y a su desarrollo integral, lo es todavía más en la primera etapa de sus vidas, donde se forjan las raíces de la autoestima y, por tanto, la más esencial para alcanzar una edad madura de calidad, puesto que las realidades asociadas al sufrimiento -como un divorcio conflictivo o la presencia de discusiones y agresiones constantes en el ámbito doméstico- generan secuelas futuras en forma de miedos y de carencias afectivas.
En conclusión, y aunque en algún concreto aspecto podría haberse ido más lejos, organizaciones de defensa de la infancia como Save the Children y Unicef han valorado positivamente este ansiado Proyecto de Ley, que supone un indudable cambio de modelo y cuyo principal empeño es proteger el bien más preciado de cualquier sociedad: sus niños y sus jóvenes.
www.loquemuchospiensanperopocosdicen.blogspot.com
