La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada hace exactamente un mes en el Congreso de los Diputados, sin un solo voto a favor por parte de la oposición -salvo su Disposición Final 1 en relación con la emigración, Ceuta y Melilla, entró inmediatamente en vigor, que lo hizo inmediatamente-, ha sido muy bien llamada en el argot ciudadano y po-lítico como "Ley mordaza', la norma más protestada en la presente legislatura por todos los diputados, a excepción de los "populares", que, sumisos siempre al mando, han parecido no inmutarse pese a los múltiples reproches tan merecidos por la afrenta constitucional que ha supuesto. Con ello el PP actual que no nos merecemos y que torpemente "rige" (?) el pobre Rajoy, incapaz de tomar una decisión medianamente acertada, ha acreditado cumplidamente que, sin embargo, pese a su debilidad de carácter, actúa cuando es preciso pasarse la Constitución española por el arco del triunfo, cepillándose de un plumazo el derecho a la libertad de expresión que la misma consagra -una de las grandes diferencias con el franquismo-, cuando lo expuesto no constituya una injuria "per se", sino una mera crítica, por dura que sea, dirigida a la Autoridad o a sus agentes, en cuyo caso tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han reiterado que no tiene el menor carácter delictivo por ser una libre expresión por razones de crítica o discrepancias políticas amparadas por nuestra -para mí ya anciana- Constitución, cuya reforma debiera ser el primer obje-tivo a cumplir en la próxima legislatura.
Entre las numerosas críticas recibidas contra la Ley y/o sus autores, pareciendo figura el retorno al sistema de libertades caracterizado por sus recortes, durante el franquismo, destacándose que, como mínimo, existen cinco co-sas que la "ley mordaza" impide hacer desde hace un mes, por lo cual -tal será el número de recursos que se produzcan en toda España- que tanto las administraciones públicas como las salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia tendrán que reforzar sus plantillas para dar abasto a tanta impugnación de las mil y una arbi-trariedades que se produzcan por parte de los llamados -sin serlo- "demócratas" recursos que tendrán lugar, sobre todo ahora en que las tasas del inolvidable Gallardón, de infeliz recuerdo por tirios y troyanos, han pasado a mejor vida, en virtud de lógica decisión de Catalá, su sucesor, a la vista, ciencia y paciencia de un presidente, como el que nos ha tocado sufrir, que ni ve, ni oye, ni entiende, habiendo sido coautor, como he dicho, tanto de la decisión del anterior ministro como del actual.
Acaso norma alguna de las que, sin el menor diálogo ni espíritu de consenso con nadie nos ha castigado en esta legislatura, que afortunadamente está ya languideciendo, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional con tanta prontitud y desde ahora yo, que soy un modesto jurista metido a político, puedo asegurar al lector, desde ahora, que la totalitaria normativa será severamente castigada en gran parte por un Tribunal Constitucional que, aunque no huela a izquierdas, se verá obligado a poner de manifiesto el talante neofranquista de los populares, que ya venían desgastándose, desde un principio, cuando nada más dar sus primeros pasos la legislatura, pronto pudimos ver la sarta -como si fueran chorizos de Teror- de incumplimientos de importantes compromisos electorales. ¿Me aplicarán la novedosa ley antipopular de los populares por tildarla de tardofranquista por eso de los "chorizos"? No lo creo ya que, desde ahora, quiera dejar bien claro, de forma que mi expresión sirva de "interpretación auténtica" que cuando me refiero a lo de los chorizos tan solo estoy pensando en la sarta de mis amados chorizos de Teror. Porque el resto son unos santitos de tal calibre que para Ella los quisiera en sus altares la mismísima Virgen del Pino.
Y, finalmente, debido al dislate precedente -una pura afrenta a la Democracia por parte de quienes vienen cometiendo uno detrás de otro- recordar, para sonrojo de los autores, que el resto de grupos parlamentarios, perseverando juiciosamente en su oposición a la Ley en cuestión, desde el primer momento ha expresado su intención de derogarla si cambia la mayoría parlamentaria -como es previsible, añado yo- tras las próximas Elecciones Generales, de igual forma que acontecerá con otras normas del Gobierno de Mariano Rajoy a través de las Cortes Generales, como la Ley de Educación, la de Reforma Laboral y el Código Penal, que figuran también en el catálogo de aquellas leyes que el PSOE se ha comprometido a derogar si logra mayoría suficiente. Y aunque no la logre -que es lo seguro- si cuenta con otros grupos que le apoyen, que es lo previsible.
(*) Expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
