La universidad española tiene ante sí el reto de convertirse en una palanca fundamental para modernizar el sistema productivo. Su programa de estudios, su catálogo de grados y posgrados, la calidad de su docencia, la gestión de sus recursos, la optimización de sus infraestructuras, por citar sólo algunos factores de impulso, deben estar dirigidos a alimentar las necesidades y demandas de las iniciativas empresariales, ya sea en el plano meramente funcional, en la excelencia científica o en el ámbito del pensamiento. Ninguno de ellos debe ser sacrificado para dar ventaja a un enfoque utilitarista en exclusiva.

Este alto cometido al que está llamada la universidad para propiciar la inserción laboral de los alumnos pasa, sin embargo, por un clamoroso reparo. El Informe CyD 2014, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por Ana Botín, destaca que la contracción en España de los jóvenes entre 16 y 34 años entre el tercer trimestre del año 2007 y el primero del 2015 ha sido del - 45%. Y apostilla dicho documento: "En cuestiones como ésta, la universidad va a tener que desempeñar un papel relevante".

Detectar el problema y reclamar a la educación superior un protagonismo para superar el drama del paro en España resulta lógico. Otra cosa es dirimir sobre si las universidades españolas reciben o no el dinero suficiente para avanzar en este sentido, si los planes de estudios están adecuados a la demanda laboral o si los docentes pecan de una endogamia y corporativismo castrante que frustra la innovación, la investigación y la creatividad. Uno de los escenarios a analizar es el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con más de dos décadas de vida, y a la que el Informe CyD sitúa en el undécimo puesto (por la cola), según datos de 2013, en cuanto al dinero que recibe por alumno de las arcas públicas. El efectivo transferido es de 5.304 euros por alumno (363 euros más que en el curso 2012-2013), una cantidad que dobla el centro más beneficiado, en este caso la Politécnica de Valencia.

El nuevo Ejecutivo regional, presidido por Fernando Clavijo, debe tener en cuenta esta coyuntura de la ULPGC. Los expertos son tajantes en situar la educación superior como elemento clave para superar las consecuencias negativas del carácter monolítico del ladrillo en la economía nacional. "La situación a la que se enfrenta la sociedad española en general y la economía en particular tiene dos retos destacados: aumentar la competitividad de nuestra economía para hacer frente al desafío que supone la globalización y el consiguiente aumento de la competencia internacional y, a su vez, reducir drásticamente la tasa de desempleo. La universidad es la principal institución, en nuestro país, y, en general, en todos los países desarrollados, que, con su actuación, puede hacer más para hacer frente a estos retos mencionados", destaca el Informe CYD.

Las cifras aportadas subrayan que dicho objetivo no está en el lugar que corresponde en la gestión presupuestaria en Canarias. Una queja, por otra parte, que el rector José Regidor plantea de forma sucesiva en sus discursos de apertura de curso, en los que incide en la necesidad de que el sistema universitario canario, del que también forma parte La Laguna (ULL), tenga una cobertura financiera estipulada por el número de alumnos, y no por la mayor o menor dimensión del capítulo de personal. Este criterio se traduce en 1.000 euros más por alumno a favor de la ULL frente a lo que recibe la ULPGC. Un desfase, a juicio de Regidor, que merece contemplarse en un nuevo contrato-programa que establezca las prioridades en el nuevo contexto socio-económico.

Pero Canarias no está sola en el retroceso que sufre el apoyo público a las universidades españolas. El Informe CyD destaca que el gasto anual en educación superior por alumno ascendía en 2011 en España a 13.173 dólares (11.965 euros), el valor más reducido desde 2008. Asimismo el gasto en educación superior en España representaba en el año 2011 el 1,32% del PIB, dato inferior al del año anterior (1,35%). En ambos casos España tiene un valor más reducido que la OCDE y la UE-21.

Otro aspecto a analizar a lo largo de este periodo de austeridad marcado por una normativa restrictiva o de sostenibilidad, es la eficiente gestión de las universidades españolas en lo que se refiere a su viabilidad, es decir, en evitar una caída en la espiral de los impagos de nóminas y del endeudamiento. Una prueba de ello es la puntuación 8,6% que tiene la ULPGC en cuanto a solidez financiera.

Tal como se ha planteado, los expertos tienen claro que el conocimiento y el desarrollo de un país está en la educación que reciben sus alumnos, y creen que los avances que se producen en la economía nacional deben revertir en este propósito.

El diagnóstico del Informe CyD es que la economía española mantiene un ritmo de crecimiento elevado, equivalente al que mantenía antes del inicio de la crisis, en 2007. Así el PIB en el año 2014 ha crecido el 1,4% cuando en el año anterior se había reducido en un -1,2%. Además, lo que ya conocemos del primer trimestre de este año indica que el ritmo de crecimiento se está acelerando, lo que ha elevado las previsiones de crecimiento de este año a magnitudes que se van a situar alrededor del 3%. Estas señales, destacan, deben ser tomadas en cuenta para utilizar la universidad de lanzadera para trabajar en una nueva economía.

La época del tándem Montoro y Wert también ha traído consigo una discusión de la protección de las becas. Un alumno de la ULPGC aporta una media de 981 euros por tasa, uno de los desembolsos más bajos de España (el segundo centro de los 47 que menos ingresa por el concepto) aunque con un incremento de 64 euros con respecto a 2012-2013. ¿Hay que subir más esta aportación? Es un debate abierto, donde los defensores del carácter público de la enseñanza reclaman más dinero procedente de la recaudación de impuestos, mientras que otro sector, desde posiciones más liberales, cree en una universidad con más financiación privada, es decir, vías de mecenazgo y patrocinio, y matrículas más caras y penalizaciones más onerosas para repetidores.

Pero no todo o casi todo radica en la financiación. Las universidades contribuirán a la modernización del sistema productivo siempre que sean capaces de afrontar la emergencia de nuevos retos como la internacionalización o la presencia de las tecnologías de la información y comunicación. No es lo único: capacidad de atracción de un profesorado más cualificado; el diseño de una oferta formativa más interdisciplinaria, con una mayor integración de formación presencial y no presencial, y una mayor relevancia de la enseñanza por proyectos más que por disciplinas y, entre otros, la necesidad de incorporar en la universidad el objetivo de contribuir al desarrollo de su ámbito territorial de influencia.