El último pleno ordinario antes de las vacaciones de agosto (mes en el que no hay plenos) tuvo algunos temas controvertidos entre gobierno municipal y oposición, y otros realmente pintorescos.
Uno de ellos fue la toma de razón de una sentencia del pasado abril de la Sala de lo Contencio- so del TSJC, que condena al Ayuntamiento a devolver a tres habilitados de carácter nacional (uno de ellos la secretaria general del Pleno, Ana María Echeandía) la suma de 115.711 euros, que habían perdido con la terrorífica bajada de sueldos que el PP ha-bía aplicado a estos funcionarios desde el 1 de enero de 2013. La sentencia le da un grandioso pa-lo al anterior gobierno municipal de Cardona.
El actual concejal de personal, Mario Regidor, hizo una exposición muy técnica, sin meterse en profundidades, pero el portavoz del PP le quitó importancia al tema alegando que "era un dinero que el Ayuntamiento se había ahorrado". En la réplica, Regidor le recordó que esto debía ser algo parecido a la "liquidación en diferido" de Bárcenas. Que, en la guerra contra los funcionarios con habilitación nacional que había emprendido el PP en el anterior mandato, habían quedado solo dos de los ocho con los que lo iniciaron. Y la importancia de estos funcionarios, que son los encargados de velar por la legalidad en todos los trámites, tanto jurídicos como económicos. Hasta el alcalde tuvo que intervenir y leer la sentencia al portavoz del PP.
El Partido Popular debería estarse calladito cuando se traten algunos temas que en su último mandato fueron más que problemáticos y, además, nos van a costar dinero a los ciudadanos. Uno de los temas es el arriba explicitado. Otro, el de la Relación de Puestos de Trabajo, en el que hasta ahora han perdido todas las sentencias. El pasado está muy reciente y las sentencias (con indemnizaciones a pagar por el Ayuntamiento) están empezando a llegar.
Otro tema fue la contestación del concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, a la moción de Unidos, solicitando iniciar los trámites para impulsar la elaboración del presupuesto participativo con el del ejercicio presupuestario del 2016. El concejal dijo que estaban estudiando el procedimiento a seguir, ya que había diversas formas de hacer participativo un presupuesto, dando por sentado que el de 2016 lo sería. Es evidente que las mociones no obligan a nadie, aunque se aprueben, pero sin que todavía haya concejal de Hacienda, con un mes de agosto inhábil, y estudiando el procedimiento con que la ciudadanía va a participar en el presupuesto de 2016, es muy aventurado decir que los próximos presupuestos ya van a ser participativos, cuando no lo han sido nunca en los últimos 40 años. Al tiempo.
Nunca había visto una moción parecida a la que, a propuesta de la Alcaldía, se incluyó como asunto de urgencia en el pleno. Promulgaba el "rechazo al uso de glifosato (y similares) como producto para el control de hierbas en los lugares públicos a cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria".
Hasta que leí la moción, no sabía que el glifosato existía. Buscando en Internet, ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente cancerígeno para el ser humano". En cambio, la Comisión Europea "no considera que exista actualmente una base sólida para prohibir o imponer restricciones específicas en el uso de glifosato en la Unión Europea".
En cualquier caso, ¡líbreme Dios de opinar sobre el glifosato! Lo que me llama mucho la atención es que esta sustancia tenga que ser objeto de una moción municipal y, además, urgente. La defendió la concejala de Sostenibilidad, Pilar Álvarez, y, por supuesto, todos los grupos votaron a favor. A pesar de ello, no puedo dejar de preguntarme: ¿no hubiera bastado con que la conce-jala hubiera dado la orden de dejar de utilizarlo? Sí, ya sé, ella no es la concejal de parques y jardines, que es el departamento que utilizaba el glifosato, pero está en el mismo gobierno municipal, digo yo.
En el pleno también se dio cuenta de los decretos del alcalde, con las sustituciones de los concejales, supongo que por vacaciones. Llamó la atención de la oposición que, de los seis concejales de LPGC Puede, cinco salgan de vacaciones en agosto (cuatro durante quince días y una durante un mes). El gobierno dijo que los servicios estaban asegurados, pero es muy curioso que, de los tres partidos gobernantes (PSOE, Nueva Canarias y LPGC Puede), sólo los de esta última formación salgan de vacaciones en agosto. Derecho que no les discuto, pero quisiera recordar que tomaron posesión el 13 de junio, o sea, un mes y medio antes de irse de vacaciones. ¿En una empresa privada habrían podido hacer lo mismo? ¿Las vacaciones no se cogen después de trabajar y tener derecho a ellas?
(*) Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria
