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El caso abierto

La política española adolece de baja productividad. Los asuntos pendientes se acumulan mientras adquieren más gravedad. La cuestión catalana, la reforma constitucional o la educación, todos decisivos para el futuro del país, sirven de ejemplo. La sesión celebrada el viernes en la Comisión de Interior del Congreso ha concluido con un escándalo mayúsculo, la propagación de una sospecha preexistente sobre las formas de gobernar en España. La petición de la mayoría de los partidos de la oposición no ha sido atendida. No ha habido dimisión ni cese. Y respecto a la visita de Rodrigo Rato a la sede del Ministerio sólo se ha facilitado información de algunos detalles menos relevantes. No sabemos siquiera qué decisión ha adoptado el Ministro en relación con el problema de seguridad personal que le ha sido planteado y que, según él mismo, fue el único objeto del encuentro. Los ciudadanos tienen ante sí un espacio infinito donde abandonarse al cinismo político. Aunque más nos conviene aprender la lección.

El caso es bien sencillo. Depende únicamente del grado de limpieza que queramos aplicar a nuestra vida política. Y esto, ciertamente, ya tiene en sí una complicación, que permite comprender por qué este asunto, de momento, ha quedado en nada, como tantos otros, incluidos aquellos que la opinión pública no ha llegado a conocer. Los portavoces de la oposición, apoyándose en una sarta de adjetivos denigratorios, lanzaron contra el Ministro sus presunciones de sentido común sobre el contenido de la entrevista. Pero esta estrategia facilitó la defensa del titular de Interior, que se encerró tras la opacidad y el hermetismo que caracteriza la actividad de su departamento. La ansiedad por abatir a un miembro del Gobierno ha confundido a la oposición. La petición del PSOE a la Fiscalía General del Estado para que investigue si el Ministro ha incurrido en tres delitos tipificados en el Código Penal ha sido particularmente inoportuna. La existencia de una zona reservada, a la que aún no llega la anunciada luz de la transparencia, es una de las promesas enumeradas por Norberto Bobbio que todas las democracias siguen incumpliendo, se dice que para garantizar la seguridad del Estado, y no será este el caso que cambie el rumbo de la historia.

La única evidencia es la reunión mantenida por el Ministro con quien fue vicepresidente del Gobierno y dirigente de su partido, que está siendo investigado por la comisión de varios delitos graves. El Ministro ha afirmado en su intervención que la sesión de su comparecencia en el Parlamento no debería haber tenido lugar, pero lo que realmente no debió producirse nunca fue su encuentro con Rodrigo Rato. No hay palabras que puedan disuadir a nadie de que el Ministro ha dispensado un trato de favor a un ciudadano singular, destacado por su personalidad pública y sospechoso de haber infligido un fraude múltiple a las personas y al estado. El principio de proporcionalidad esgrimido por el Ministro es puro pretexto de un acto, la reunión, injustificable. Con este caso, viejos fantasmas se ciernen en forma de negros nubarrones sobre la conciencia política de los españoles. Y la única manera de despejarlos es con la separación de Jorge Fernández del cargo que ocupa. El error que ha cometido puede ser intrascendente para la vida personal o los trámites judiciales de Rato, pero es fatal para la relación de los ciudadanos con las instituciones y para su carrera política en el Ministerio, permanezca o no en él.

En el discurso que pronunció ante la dirección nacional del PP después de las elecciones locales Rajoy hizo un certero análisis de la pérdida de votos sufrida por su partido. Las dos causas principales del retroceso electoral, expuso, habían sido la austeridad y la corrupción. Según las encuestas más recientes, el PP tendrá en las próximas elecciones generales una caída solo comparable a la experimentada por UCD en 1982 y por el PSOE en 2011. Más del 80% de los españoles y la mitad de los votantes del PP confiesan que no confían en el presidente del Gobierno. Probablemente, Rajoy es el líder político español más reactivo que hemos conocido. Su estilo se distingue por esperar un tiempo después de que las cosas hayan pasado para tomar las decisiones y no anticiparse nunca a los hechos. La única excepción que ha admitido ha sido para cumplir, a su modo, las instrucciones económicas de Bruselas. Pero, si es plenamente consciente de la factura electoral que paga por la corrupción, ¿por qué no actúa contra ella con más determinación? La respuesta es que podría romper el equilibrio interno que sustenta a su partido. El partido, una vez más, antes y por encima de todo. Nuestro gran problema no son los partidos, sino el partidismo, un mal muy extendido, ante el cual el único antídoto eficaz es la fortaleza de los ciudadanos. Para terminar, vuelvo al principio: verdaderamente, ¿cómo de limpia queremos que sea nuestra democracia?

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