Leo que "los establecimientos extrahoteleros que no están explotándose en estos momentos en el sur de Gran Canaria y que se ven afectados por la nueva Ley de Renovación y Modernización Turística suman algo más de 19.000 plazas. Una gran parte de ellos están en la denominada economía sumergida y fuera del control jurídico administrativo".

Esta ley que ha aprobado el Gobierno de Canarias "promovida o impuesta" por algunos ayuntamientos y una parte de asociaciones turísticas y empresariales, ha abierto el melón de la polémica.

La Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. (Art. 19 CE) y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. (Art. 47 CE). Por tanto, un apartamento privado aunque esté ubicado en un complejo turístico, es una propiedad exclusiva de quien lo compró o heredó. Entonces, ¿a qué viene el decretazo del Gobierno de Canarias que no deja de ser inconstitucional porque contradice el propio espíritu de la ley?

Desde mi punto de vista, el Gobierno no puede obligar a ningún propietario a disfrutar solamente un mes al año de su propiedad privada. Exigir por decreto que un apartamento tenga que ser explotado y controlado por empresas turísticas vinculadas a agencias de viajes, turoperadores y patronatos de turismo, huele a dictadura de república bananera y, presuntamente, a "extraños negocios vinculantes con los poderes públicos y privados". Es decir, la presunta corrupción teledirigida...

Si lo que se pretende por parte del Gobierno y de los ayuntamientos es combatir la economía sumergida y el flujo de dinero negro, que se lleve a cabo por la vía legal tal como recoge igualmente el art. 47 de la Constitución Española: "Los poderes públicos podrán regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Para ello, que se cree un cuerpo de inspectores para que lleven a cabo el control de las supuestas explotaciones turísticas ilegales o especulativas con las sanciones de rigor. Pero nunca promoviendo e imponiendo decretazos que vayan en contra de las normas ya establecidas para hacer efectivo el derecho y el disfrute de una vivienda.